María Cantero, exsecretaria de Alberto Fernández y esposa de Héctor Martínez Sosa, fue imputada en la causa que investiga maniobras irregulares en la contratación de seguros para el Estado durante la administración anterior. Cantero fue acusada por diversas fuentes de haber realizado llamados a funcionarios para que su marido fuera designado como intermediario de las pólizas para las distintas áreas gubernamentales.
Según pudo saber LA NACION de fuentes judiciales, el fiscal que lleva la causa, Carlos Rívolo, tomó la decisión, que se conoció en medio de la tensión por los allanamientos en 23 locaciones, con foco en dos actuales funcionarios de Nación Seguros que formaron parte de la gestión anterior, encabezada por Alberto Pagliano (también imputado). Se trata de Mauro Tanos, ascendido a gerente general y Federico Eufemio, gerente de compras.
Cantero acompañó a Fernández desde sus épocas en la Superintendencia de Seguros durante el gobierno de Carlos Menem, en la década del ´90; trabajó con él en el Grupo Provincia en Provincia Seguros, Provincia ART y Provincia Vida. Cuando dejó la Jefatura de Gabinete, en 2008 en el gobierno de Cristina Kirchner, tomó un préstamo de Martínez Sosa por US$20.000. Según varias fuentes, se conocieron porque el expresidente fue su profesor.
Sobre el posible involucramiento de Cantero, Alberto Fernández dijo a LA NACION: “Dudo que ella haga una cosa así; si lo hizo, no lo avalo; ninguno te va a decir que pedí por alguien; yo lo dudo, pero no puedo garantizar que ella no haya hecho una cosa así; si fue así, se extralimitó”. En otras entrevistas aseguró que nunca habló con Martínez Sosa, el marido de su exsecretaria, sobre seguros.
El broker tiene, además de la empresa que lleva su nombre, un grupo “administrador” de productores de seguros llamado Unibroker. Varias de las empresas que aparecieron como intermediarias de las pólizas forman parte de esta asociación. Es el caso de Bachellier SA, una de las compañías más implicadas en la causa y primera en el listado de montos recibidos en concepto de comisiones debido a que estaba designado en Gendarmería, el organismo con la prima más alta.
La firma es de propiedad de Osvaldo Tortora. El juez encontró inconsistencias en la información que proveyó esta empresa en la primera tanda de operativos policiales y arrojó dudas, en una resolución a la que tuvo acceso LA NACION, sobre el domicilio declarado de la empresa. Se trata de un departamento en un primer piso en la avenida Juan B. Justo, en la ciudad de Buenos Aires, que Julián Ercolini apuntó como extraño para ”negocios de tamaña envergadura”.
Las relaciones familiares se expanden. En la empresa de Martínez Sosa trabaja también la hermana de Cantero, Viviana. Se encarga de las relaciones públicas e institucionales de la empresa. La exsecretaria tiene dos hermanos más. El menor, Sebastián, coordinó y negoció para y con el Estado terrenos alrededor del tren patagónico en Añelo (y la obra en sí), una de las zonas de mayor crecimiento industrial del país por la construcción del gasoducto Néstor Kirchner.
Otro de los favores que Martínez Sosa le concedió a Fernández fue el uso de un edificio, en la calle México 337. El inmueble fue renovado y decorado para la campaña presidencial de 2019. Se trataba de un espacio de 300 metros cuadrados que durante semanas albergó un desfile inacabable de futuros ministros, empresarios y aspirantes a funcionarios. En el hall, una gigantografía de Alberto Fernández y Cristina Kirchner recibía el incesante ir y venir de visitantes. De las cuatro oficinas principales, Fernández ocupaba una junto a la entrada, custodiado por Cantero.
Martínez Sosa, ni tampoco sus empresas, fueron el foco de allanamiento de la ronda de ayer, aunque el juez ordenó secuestrar toda la información referida a la causa y los contratos con Nación Seguros, pero particularmente aquellos documentos en los que se mencione a su empresa.