Tras muchos suspiros, finalmente el Gobierno aprobó por decreto el pasado 19 de diciembre la nueva ley de mecenazgo. Una norma que había quedado en el aire debido al último adelanto electoral y que ahora, entre otras, aumenta las deducciones fiscales para las donaciones, incluye nuevas tipologías, como la de dar gratuitamente servicios profesionales, y permite que los mecenas reciban un reconocimiento simbólico a través de menciones o que con obtengan contraprestaciones de bienes y servicios por valor del 15% del donativo hasta un máximo de 25.000 euros. Actualmente, una entidad cultural no podía agradecer en un tríptico informativo a una persona física o jurídica su donativo o regalarle unas entradas para un espectáculo, por ejemplo.
La reforma de la ley de mecenazgo, que tuvo el apoyo de todos los grupos parlamentarios del Congreso excepto Vox, que se abstuvo, ha sido reclamada durante muchos años por el sector cultural (también tiene un peso decisivo en el campo de la investigación científica), pues la norma vigente hasta ahora era de 2002 y se tenía que «transportar», en palabras de Eloi Planes, presidente de la Fundació Cataluña Cultura, a la actualidad. «Había quedado obsoleta y poco competitiva respecto a los países de nuestro alrededor», ha remarcado en un encuentro con medios catalanes el representante de la entidad, que ha luchado durante sus 10 años de vida por una reforma de la ley liderada en el Congreso por el exdiputado del PDECat Sergi Miquel.
Sin embargo, Maite Esteve, directora de la fundación que integra entidades provadas y públicas con el objetivo de establecer vínculos entre el sector empresarial y el mundo cultura, ha señalado que «no es la ley que nos gustaría, pero es un paso hacia adelante». Las reticencias históricas de Hacienda y de todos los ministros que han pasado por ese despacho durante este tiempo han hecho que la norma no haya evolucionado hasta 21 años después, expone Esteve, que menciona Francia como país referente en este tipo de políticas culturales. «Se tiene una mirada muy corta, se piensa que resta capacidad económica inmediata, pero se genera y potencia un sector económico que crea puestos de trabajo, etcétera», defiende la directora de la entidad. En Catalunya hay 177.700 personas trabajando en el ámbito de la cultura (un 5,1% del total de personas ocupadas), un sector que genera el 1,9% de la riqueza de la economía catalana, según datos del 2022 del informe CoNCA.
Aun así, Esteve remarca «la falta de conciencia sobre el poder transformador de la cultura y su impacto social», y pone como ejemplo el caso del festival Gargar de murales y arte rural de Penelles (Lleida), ganador del premio IMPULSA que concede anualmente la fundación, y que, según la directora, ha logrado «dinamizar el territorio».
La Fundació Catalunya Cultura pone el foco ahora en motivar la creación de un marco normativo catalán que ayude a favorecer las iniciativas de mecenazgo -«lo que se nos ha quedado cortito, que se cambie»- y también en hacer pedagogia sobre ello ya que se tiende a tener, consideran, una errónea visión «elitista del mecenas cultural».