“Hay múltiples razones técnicas, presupuestarias, pero fundamentalmente políticas”, le dice a Clarín la experta Samanta Bonelli. Se refiere a los motivos por los cuales se viene demorando tanto la implementación de un sistema informático clave para planificar y mejorar la educación en el país.
Se trata del Sistema Integral de Información Digital Educativa (SInIDE), una plataforma relativamente simple -a esta altura de la revolución digital- que permite ir cargando, en tiempo real, los datos más relevantes de las escuelas, para así poder proyectar y tomar decisiones en forma más eficiente.
Contar con esta información sirve para muchas cosas, pero una de las más importantes es la posibilidad que abre de generar alertas tempranas para detectar cuándo un alumno está dejando de ir al colegio, con lo cual se puede anticipar y reducir el abandono escolar.
Casi todos los países, incluso los de la región, ya tienen un sistema así hace años. En la Argentina, por resolución, desde 2014 debería estar implementado. Y desde 2018 es obligación para el Estado por ley.
Pero un nuevo relevamiento del Observatorio de Argentinos por la Educación -hecho por Bonelli- muestra que la implementación avanza lentamente. Y que recién ahora -10 años después de la resolución-, en al menos 17 provincias se llegó a cubrir al 90% de los estudiantes.
No se sabe qué pasa en las otras siete provincias, porque no brindaron información para el estudio. Son Catamarca, Chubut, La Rioja, San Juan, Santa Cruz, Santiago del Estero y Tucumán.
Según pudo saber Clarín, la cuestión del SInIDE será tratada este jueves por todos los ministros del área, en la reunión del Consejo Federal de Educación (CFE).
En el nuevo gobierno nacional de Milei dicen tener especial interés en disponer de esta herramienta para poder hacer un mejor diagnóstico de la situación de la educación del país.
Dicen que será fundamental para llevar a cabo un “Plan Estratégico de Alfabetización participativo y federal” en todo el país, que será central en su política de los próximos años.
Demorado y limitado
Si bien la implementación del SInIDE viene retrasada, el trabajo de Bonelli destaca que se aceleró en los últimos dos años. Que entre 2021 y 2023 el porcentaje de matrícula nominalizada con el que cuenta Nación subió de 74% a 84%.
Pero subraya que, tras 10 años de marchas y contramarchas, aún no se alcanzó la cobertura del 100% de la matrícula a nivel nacional.
También advierte sobre ciertas limitaciones del sistema desarrollado en el país: dice que, “al alimentarse de información anual y no continua, los datos no están disponibles de manera dinámica, lo que dificulta el acompañamiento oportuno” de la trayectoria de los estudiantes.
El informe muestra que la primaria tiene la proporción más alta de matrícula nominalizada (99% de los alumnos en escuelas estatales y 96% en privadas), mientras que las cifras más bajas están en el nivel superior no universitario (76% de cobertura en las instituciones estatales y 37% en las privadas). Quizás, precisamente, donde hay más resistencia de comunicar los datos.
Un retraso político
¿Por qué se demora tanto el SInIDE? Algunas voces señalan que algunas provincias, en busca de más recursos, informan más matrícula o docentes que los que realmente tienen. Y la transparencia conspira contra esta estrategia.
Para Bonelli, las razones son fundamentalmente políticas. Y remite un informe que hizo el año pasado, en el que ensaya diversas explicaciones:
Falta de poder del Ministerio de Educación nacional sobre las provincias/escuelas.Sucesivos cambios de rumbos en la política de información educativa nacional.Resistencias en las jurisdicciones e internas en el Ministerio de Educación.Falta de voluntad política de ministros nacionales.Falta de claridad respecto al para qué del SInIDE.La forma en que se construyen los acuerdos federales.Clarín había consultado el año pasado por estas demoras a Jaime Correas, ex ministro de Educación de Mendoza, donde se implementó el sistema nominal provincial GEM. Para Correas, “el SInIDE no ha avanzado en 10 años por falta de voluntad política del gobierno nacional y de muchos provinciales”.
“Si la aplicación Mi Argentina puede registrar casi en tiempo real la vacunación, con lugar, hora y número de lote de la vacuna, o dar los datos del seguro del auto de una persona, no se entiende por qué un sistema de información educativa no ha avanzado. Los datos reales comprometen a las gestiones”, explicó.
Cómo sigue la historia
Ahora, ¿cómo recuperar el tiempo perdido? Bonelli consultó, para su trabajo, a referentes de estadística y evaluación educativa de nueve provincias, quienes señalaron que se necesita instalar desde el nivel político la importancia de la información y de su uso para la toma de decisiones, actualizar la normativa, fortalecer y descentralizar la carga de datos, mejorar las capacidades de uso y contar con información oportuna, entre otras cosas.
Para Juan Suasnábar, docente, investigador y consultor en IIPE/UNESCO y BID, “los datos no son un fin en sí mismo. El verdadero potencial de estos para identificar necesidades, anticipar problemas, proyectar soluciones y evaluar resultados radica en que formen parte de una política de Estado sostenida que establezca objetivos a corto y mediano plazo respecto de qué hacer con los datos. Es decir, que permita traducirlos en acciones concretas para mejorar la educación».
De todos modos, habrá que ver qué surge este jueves en la reunión del CFE. Y si se puede revertir la historia, sobre todo, en las provincias que son más remisas a abrir su información.