El rector de la UBA, Ricardo Gelpi, afirmó que espera una movilización pacífica y multitudinaria en rechazo a los recortes en educación pública. La protesta se realizará este miércoles desde las 17.
El rector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Ricardo Gelpi, anticipó que la Marcha Federal Universitaria convocada para este miércoles será “multitudinaria” y confió en que se desarrolle de manera pacífica. “Confío que mañana sea una marcha pacífica, multitudinaria y que la gente apoye esto. No que apoye a la UBA, sino que apoye al país”, afirmó en una entrevista radial.
La convocatoria, impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el Frente Sindical de Universidades Nacionales y la Federación Universitaria Argentina (FUA), tendrá como eje central el reclamo por el financiamiento universitario, los salarios docentes y la situación presupuestaria de las casas de estudio públicas.
Gelpi sostuvo que las universidades atraviesan una situación “hiperaguda” debido a las restricciones presupuestarias implementadas por el gobierno de Javier Milei. Según explicó, el ajuste afecta el funcionamiento cotidiano de las universidades, las cursadas, los hospitales universitarios y los salarios de docentes y trabajadores no docentes. “Es de público conocimiento cómo nos han limitado con los presupuestos”, señaló.
El rector advirtió que el conflicto trasciende lo económico y pone en riesgo áreas estratégicas vinculadas a la formación académica y científica. “Esto pretende destruir el Estado argentino en su parte fundacional, que es afectar la educación y la ciencia”, sostuvo. Además, insistió en que la educación pública es una herramienta central para el desarrollo del país y cuestionó el deterioro presupuestario que atraviesa el sistema universitario. “La libertad es cuando usted puede razonar, crear y pensar, y eso se logra con educación”, expresó.
Gelpi también alertó sobre la pérdida de recursos humanos en universidades y laboratorios públicos. Según indicó, muchos profesionales están dejando sus cargos por la crisis presupuestaria y salarial. “Se está yendo la gente de las universidades y de los laboratorios, hay números. Es imposible formar un docente, un investigador, un profesor o un médico de un día para el otro”, remarcó.
El reclamo central apunta a que el Poder Ejecutivo cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795, aprobada por el Congreso en octubre de 2025 y ratificada posteriormente por la Justicia. Desde las universidades sostienen que los fondos transferidos por el Gobierno no acompañan la inflación y denuncian una pérdida real del poder adquisitivo de entre el 35% y el 40%.
En ese contexto, Gelpi rechazó las declaraciones del subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, quien había acusado a los rectores de impulsar una “extorsión política”. “Lo que estamos pidiendo para los estudiantes y para los hospitales es lo mismo que se pedía el año pasado”, respondió el rector.
En la previa de la marcha, distintas facultades de la UBA realizaron este lunes clases públicas abiertas para visibilizar el conflicto presupuestario y defender la universidad pública. Las actividades se desarrollaron en las facultades de Derecho, Medicina, Ciencias Económicas y Veterinarias, con participación de docentes, decanos y autoridades académicas.
En la Facultad de Derecho encabezó una clase pública el decano Leandro Vergara, mientras que en Medicina participaron los decanos Luis Ignacio Brusco, Pablo Alejandro Rodríguez y Pablo Andrés Evelson. En Ciencias Económicas también hubo actividades académicas vinculadas a matemática aplicada, costos y sistemas contables, mientras que en Veterinarias se realizó una clase pública encabezada por el profesor Carlos Blanco.
La convocatoria a una nueva movilización universitaria se produce luego de que el Gobierno oficializara recortes sobre partidas educativas y frenara transferencias para obras en universidades nacionales. Según la Decisión Administrativa 20/2026, el ajuste incluyó una reducción superior a los $78.000 millones en programas educativos y una poda de fondos destinados a infraestructura universitaria. Entre las universidades afectadas aparecen la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Nacional de General San Martín, la Universidad Nacional de Avellaneda y la Universidad Nacional de Río Cuarto.