La Justicia levantó el secreto de sumario en una causa que revela un sistema paralelo de pagos para agilizar permisos de importación durante 2022 y 2023.
La Justicia dio un paso clave al levantar el secreto de sumario en una de las derivaciones más explosivas de la causa por el “rulo” financiero del dólar blue. Los peritajes sobre los teléfonos de Martín Migueles, ex socio y allegado a Elías Piccirillo, dejaron al descubierto la existencia de un “sistema paralelo” que operaba para destrabar permisos del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) durante 2022 y 2023.
Según el expediente judicial, la organización cobraba retornos que oscilaban entre el 10% y el 15% del valor de la importación, calculados tanto al tipo de cambio oficial como al “blue”, dependiendo del acuerdo. La investigación identificó a Ariel Germán Saponara, un abogado con pasado en el Gobierno de la Ciudad y que figuraría actualmente como personal de Presidencia de la Nación, como uno de los nexos principales.
En los diálogos de WhatsApp, Saponara le consultaba a Migueles si tenía contactos para “liberar” declaraciones de importación de autoelevadores y repuestos. “A mí me cobran más o menos un 11 o un 12 por ciento. Yo creo que si hay laburo, un 11 le podemos sacar. Al tipo ya le pasé un 13”, se escucha en uno de los audios, evidenciando el margen de ganancia de los intermediarios.
El esquema permitía que las empresas obtuvieran la aprobación en apenas una semana o diez días, cuando los plazos habituales del sistema superaban los 90 o incluso 120 días. Otro de los protagonistas es Héctor Ezequiel “Pipo” Caputto, señalado como el encargado de canalizar las solicitudes hacia quienes tenían capacidad de influir en su aprobación.
En los audios analizados, Caputto explica: “Es el 15% oficial el costo… es lo que tenemos que rendir adentro”, detallando cómo se pesificaba el monto al dólar oficial para luego convertir la ganancia neta a dólares billete. En uno de los casos testigos vinculados a la empresa Neme S.A., Migueles dio instrucciones precisas para que el dinero de la coima fuera entregado en una oficina sobre la Avenida del Libertador al 8000, en la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires.
Antes de levantar el secreto de sumario, el juez Ariel Lijo ordenó allanamientos que afectaron a financistas vinculados al esquema, entre ellos Gonzalo “Gonzalote” Calo, Fernando Rubén Tacchi y Alejandro “El Turco” Calian. En total, hay más de 50 personas y empresas bajo la lupa de la Justicia. El fiscal Franco Picardi también sigue el rastro de otros dos intermediarios mencionados como “Pato” y “La Señora”. Esta última sería una pieza clave con funciones jerárquicas dentro de la Secretaría de Comercio u organismos evaluadores.