El fiscal Gerardo Pollicita consideró que no existen riesgos procesales para ordenar la prisión preventiva del jefe de Gabinete, aunque dejó abierta la posibilidad de imponer otras restricciones.
El fiscal Gerardo Pollicita rechazó este martes el pedido de la diputada nacional Marcela Pagano (bloque Coherencia) para detener “de manera inmediata” al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, al considerar que no existe un “riesgo real o grave” que justifique una orden de arresto en esta etapa de la investigación.
La fiscalía determinó que no se verifican los “extremos necesarios”, como riesgo de fuga o entorpecimiento, para aplicar una medida de esa envergadura. No obstante, Pollicita dejó abierta la posibilidad de evaluar otras restricciones, como prohibirle al funcionario el contacto con determinados testigos.
Por otra parte, la Justicia ordenó realizar el peritaje del celular del contratista Matías Tabar, quien declaró este lunes, para verificar los supuestos mensajes y comunicaciones que habría mantenido tanto con Adorni como con su esposa, Bettina Angeletti.
Pagano había fundamentado su solicitud en la “doctrina Irurzun”, un criterio jurisprudencial que facilita la prisión preventiva para (ex) funcionarios públicos, argumentando que, por su pertenencia al Estado, pueden generar “vínculos residuales” y entorpecer una investigación judicial. La diputada sostuvo que Adorni tiene “capacidad estructural” para obstaculizar la justicia, especialmente tras la declaración de Tabar, quien afirmó haber recibido “presiones” por parte del funcionario horas antes de testificar.
En cuanto a las próximas indagatorias, este miércoles declarará Leandro Miano, hijastro de Claudia Sbabo, una de las jubiladas prestamistas que intervino en la compra-venta del departamento que el funcionario posee en el barrio porteño de Caballito.
