La Conferencia Episcopal Argentina emitió un comunicado en el que rechaza la medida adoptada por el Ejecutivo, tras la denuncia de un supuesto espionaje interno, y pide garantizar el derecho al trabajo de los periodistas y la libertad de prensa.
La Conferencia Episcopal Argentina difundió un comunicado en el que manifestó su rechazo a la medida adoptada luego de una denuncia impulsada por la Casa Militar por un supuesto caso de espionaje interno. El documento fue publicado después de una reunión encabezada por monseñor Jorge Lozano, arzobispo de San Juan y presidente de la Comisión Episcopal de Comunicación Social, junto a representantes de periodistas acreditados en la sede del Gobierno.
En ese encuentro, los trabajadores de prensa remarcaron la relevancia de la tarea que desarrollan en Balcarce 50 de manera ininterrumpida desde 1940, una función vinculada al seguimiento cotidiano de la actividad presidencial y de los principales funcionarios nacionales.
La Iglesia sostuvo en el texto que resulta necesario garantizar el derecho al trabajo de los periodistas y proteger el acceso de la sociedad a la información pública. Además, hizo hincapié en la necesidad de resguardar los principios constitucionales vinculados con la libertad de prensa y el respeto institucional.
Uno de los puntos centrales del mensaje estuvo vinculado al clima de confrontación creciente entre el oficialismo y parte del periodismo. La Conferencia Episcopal advirtió sobre la necesidad de desactivar expresiones agresivas dentro del debate público y pidió reconstruir canales de diálogo.
En el comunicado, la Iglesia citó el mensaje reciente del Papa León XIV, quien llamó a “desarmar las palabras y dejar de lado expresiones hirientes” como forma de bajar la tensión social. Con ese planteo, el Episcopado pidió una salida institucional al conflicto y reclamó una pronta solución entre el Gobierno y los trabajadores de prensa.
La controversia comenzó después de que el Ejecutivo resolviera suspender acreditaciones y restringir el acceso habitual de periodistas a sectores de la Casa Rosada. Desde el Gobierno justificaron la medida en una denuncia interna por presuntas irregularidades, aunque la decisión generó rechazo en distintos sectores políticos y ahora también en la Iglesia.
El pronunciamiento del Episcopado suma presión sobre la administración de Javier Milei en un momento de creciente conflictividad política. La relación entre el oficialismo y los medios ya venía atravesada por fuertes cruces, pero la intervención de la Iglesia elevó el tono del debate y agregó un nuevo actor institucional al reclamo.