Autoridades provinciales y directores de juventudes departamentales analizaron el impacto de las amenazas en la comunidad educativa y actualizaron los protocolos de actuación, con énfasis en la prevención y la conciencia legal de los adolescentes.
En una reciente mesa de trabajo que incluyó a todos los directores de juventudes departamentales, se analizó el impacto de estas situaciones en la comunidad educativa. Delgado explicó que la labor es interdisciplinaria: «Durante la mañana nos acompañó la secretaria Vanesa Navarro, que nos informó del protocolo con aportes de Niñez y Adolescencia, acercando la mirada de los estudiantes», señaló, enfatizando la importancia de integrar la perspectiva de los propios jóvenes en las soluciones.
Uno de los puntos que más inquieta a las autoridades es el origen de estas amenazas, muchas veces vinculadas a comportamientos digitales. Al respecto, el Secretario advirtió sobre el peligro de minimizar estos hechos: «Conversando con autoridades de la provincia por las consecuencias que puede tener, nos preocupa que un adolescente, por un trend o un reto, termine cargando con un antecedente penal».
Delgado también reflexionó sobre la evolución de los espacios de contención juvenil dentro de las escuelas, comparando la realidad actual con la de épocas anteriores. «Es cierto que, por lo menos a mi generación, en el colegio no había un centro de estudiantes ni una secretaría de juventud, y con los años eso se transformó», comentó, valorando que hoy existan canales institucionales para canalizar las problemáticas de forma transversal.
La preocupación central del área radica en el impacto a largo plazo que una causa judicial puede tener en el proyecto de vida de un menor de edad. Según el funcionario, existe una desconexión entre el acto impulsivo y la realidad legal: «Nos interpela que los jóvenes carguen con esos antecedentes penales y que en un futuro signifiquen un obstáculo. A veces un adolescente no es consciente de eso».
Finalmente, las autoridades destacaron que la provincia cuenta con una robusta red de jóvenes en distintos puntos del país, lo que funciona como un sistema de alerta temprana para detectar este tipo de conductas riesgosas. El objetivo primordial de los nuevos protocolos será prevenir el delito antes de que se consume, priorizando la educación y la conciencia sobre las responsabilidades legales que conlleva el uso de las redes sociales.