La Justicia ordena mantener el programa «Volver al Trabajo» mientras se debate su continuidad

Un fallo judicial suspendió la eliminación del plan social, generando incertidumbre sobre el pago de haberes a casi 12.000 riojanos y reavivando el debate político sobre su impacto económico local.

Un juez ordenó al Gobierno nacional que se pronuncie sobre una medida cautelar que busca mantener en funcionamiento el programa «Volver al Trabajo», lo que frenó, al menos temporalmente, su eliminación. El fallo, según los referentes del sector, sienta un precedente de alcance federal.

Arnol Díaz, dirigente de los trabajadores, explicó a medios locales que la resolución judicial beneficia a los firmantes y podría repercutir en todo el país. Sin embargo, advirtió sobre la incertidumbre que persiste respecto a si los beneficiarios percibirán sus haberes este mes.

El impacto económico en La Rioja es significativo. Según estimaciones citadas por Díaz, cerca de 12.000 personas en la provincia podrían quedar fuera del sistema prestacional. «Son casi 1.000 millones de pesos que dejan de entrar al bolsillo del riojano y se corta el consumo del mismo círculo económico que se activa en los barrios», detalló, remarcando que la medida afecta tanto a los titulares del programa como a los comercios de cercanía.

La polémica también alcanzó al ámbito político luego de que una diputada nacional de La Libertad Avanza (LLA) minimizara el valor de la asignación. Frente a dichas declaraciones, Díaz respondió: «Cuando uno se aleja de la realidad y empieza a dar conceptos desde los escritorios, pero no se acerca al territorio, se vuelve inhumano. Para la gente, esos 78 mil pesos son muy valiosos porque complementan el pago de un impuesto o la compra de insumos».

Desde las organizaciones sociales aseguran que el diálogo con el oficialismo está bloqueado. Denuncian que, tras asistir a la sede de LLA en busca de mediación, no han recibido respuesta alguna. «Estamos dispuestos a hablar y dar soluciones a la gente, aunque yo piense distinto a ellos», manifestó Díaz.

Ante la incertidumbre legal y la falta de respuestas políticas, el sector prepara medidas de fuerza. Está prevista una movilización masiva en todo el país para el próximo 7 de mayo, con el objetivo de presionar por el depósito de los sueldos y el cumplimiento de la orden judicial. «Seguimos atentos y movilizados; el Gobierno tiene antecedentes de no dar respuestas a las medidas cautelares, por eso no vamos a bajar los brazos», concluyó el referente.