Especialistas alertan sobre el impacto de las amenazas virales y la violencia social en las aulas riojanas, y piden mayor responsabilidad familiar y monitoreo digital.
«Esto es algo que nos atraviesa a todos, tanto a las escuelas de gestión privada, la provincia, y el mundo. Es una viralización que excede a bromas y son para tomarlas con seriedad», afirmó una especialista, subrayando que se está trabajando bajo estrictos protocolos de actuación.
La especialista hizo especial hincapié en la responsabilidad de las familias sobre el consumo digital de los menores, señalando que el encierro en el hogar no garantiza seguridad. Según Lanfranchi, los adultos a menudo ignoran el funcionamiento de los algoritmos y los grupos en los que participan sus hijos. «A veces los padres no tienen idea en qué mundo de redes se mueven sus hijos; creen que porque están en una habitación están protegidos, pero el peligro está en esa realidad que nos toca», sentenció respecto a la adicción a redes de comunicación negativas.
En cuanto a las repercusiones legales de estos actos, la advertencia es tajante: no hay impunidad para quienes participen de estas amenazas, ya sea por acción u omisión. Lanfranchi recordó que existe una responsabilidad penal establecida a partir de los 16 años, la cual se agrava si hay adultos involucrados. Además, destacó la gravedad del encubrimiento dentro del alumnado: «Si se da una situación y no la comunico, soy cómplice. Sea de juguete o no el arma, la actitud es la misma porque genera pánico en la comunidad».
Un punto central de su descargo fue la desmitificación de la «violencia escolar» como un fenómeno aislado, desplazando la culpa hacia el entorno macro social. Para la referente educativa, las escuelas son simplemente el receptáculo de una agresividad que nace en las calles, la política y los hogares. «Difiero del término violencia en las escuelas, porque la violencia es social. Se ve desde el primer funcionario a nivel nacional que insulta, hasta en las frases homofóbicas que repetimos en casa», explicó, enfatizando que ningún niño nace con ideas violentas de forma espontánea.
Esta realidad ha transformado profundamente la labor docente y el día a día de las instituciones, que hoy deben priorizar la salud mental y la seguridad física por sobre la currícula tradicional. Las escuelas se han convertido en centros de detección temprana de delitos graves como abuso intrafamiliar y violencia de género. «Hace mucho tiempo, más desde la pandemia, las escuelas estamos conteniendo más que aplicando contenidos; hay situaciones que explotan dentro de las puertas de la escuela», relató Lanfranchi sobre la presión que enfrentan los gabinetes psicopedagógicos.
Finalmente, el llamado a la acción se centra en una construcción colectiva de paz y un monitoreo más activo de los adolescentes para evitar sanciones que pueden marcar sus vidas para siempre. El protocolo provincial de actuación sigue vigente y en contacto permanente con las supervisiones para acompañar a cada institución afectada. La meta compartida por la gestión pública y privada es clara: recuperar el espacio escolar como un territorio seguro, libre de la violencia que hoy contamina todos los estratos de la sociedad.