El Ministerio de Capital Humano presentó los resultados de un operativo federal que busca generar un diagnóstico para la planificación de políticas públicas. El 92% de las personas identificadas son mayores de 18 años.
El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, realizó el Primer Relevamiento Nacional de Personas en Situación de Calle, con la adhesión de 19 provincias. El operativo contabilizó un total de 9.421 personas, de las cuales el 83% son varones y el 17% mujeres.
Según los datos oficiales, el 92% de la población relevada tiene más de 18 años, mientras que el 6% es menor de esa edad. A partir de 7.894 entrevistas realizadas en espacios públicos y dispositivos de alojamiento, se identificó que el 32% lleva más de dos años en situación de calle y que el 90% posee Documento Nacional de Identidad (DNI).
En cuanto al perfil socioeconómico, un 52% cuenta con la primaria completa pero secundario incompleto; el 53% realiza alguna actividad laboral, el 56% percibe transferencias sociales, el 30% cuenta con ingresos previsionales y el 8% recibe otros ingresos.
El Ministerio señaló que el relevamiento cumple con la Ley N° 27.654, que establece la creación de un diagnóstico federal. «Contar con esta información es fundamental para planificar, derivar y evaluar políticas públicas de manera eficaz», indicó la cartera en un comunicado. Asimismo, destacó que el trabajo implicó un cambio de paradigma, pasando «de la reacción ante la urgencia, al trabajo planificado; de la dispersión a la coordinación».
Los datos, según la comunicación oficial, «demuestran la complejidad de esta problemática, evidenciando perfiles con DNI, empleo informal e ingresos parciales, pero también con vínculos familiares rotos, trayectorias prolongadas de exclusión y problemas de salud o consumo problemático».
Desde junio del año pasado, el Gobierno nacional transfirió la responsabilidad por la atención de las personas en situación de calle a las diferentes jurisdicciones, asumiendo desde entonces la función de marcar los lineamientos generales de las políticas a implementar.