El administrador del organismo, Ariel Guzmán, ordenó profundizar un sumario para determinar responsabilidades en obras de remodelación en Mendoza y Cosquín, donde se detectaron inconsistencias y pagos que superarían el valor real de las tareas.
El administrador del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), coronel mayor Ariel Guzmán, dispuso ampliar una investigación interna para determinar responsabilidades administrativas, patrimoniales y penales por presuntas irregularidades en obras. El sumario, iniciado en 2025, se centra en la remodelación de una subdelegación y farmacia en Mendoza, adjudicada por licitación pública en 2023.
Según informes internos, se verificaron inconsistencias entre los certificados de obra emitidos y los trabajos efectivamente realizados. Entre los problemas detectados se mencionan fallas estructurales, filtraciones en techos y deficiencias en sistemas sanitarios. Los pagos abonados en exceso ascenderían a más de 504 millones de pesos, mientras que el perjuicio patrimonial total estimado superaría los 535 millones.
La auditoría también busca establecer posibles responsabilidades de agentes involucrados en el proceso de certificación y control. La nueva disposición ordena investigar la posible participación de autoridades superiores en las irregularidades detectadas, con el objetivo de determinar si existió connivencia entre funcionarios y contratistas, así como eventuales fallas en los mecanismos de control interno.
El administrador dispuso que la ampliación del sumario se realice con carácter prioritario y se complete en un plazo de 30 días. La decisión se basó en informes de la Unidad de Auditoría Interna y en un sumario previo iniciado durante la gestión de Roberto Fiochi. Las irregularidades investigadas se remontan a la administración del ex titular del organismo, Oscar Sagás.
En paralelo, se investiga una modificación contractual vinculada a la remodelación de la residencia de Cosquín, que implicó un incremento del 34,6% sobre el monto original. Esta modificación fue autorizada en 2024 sin la intervención del directorio, lo que podría constituir una irregularidad administrativa según la normativa vigente.
La ampliación de la investigación se da en el marco de un proceso de reorganización del sistema de salud militar, impulsado por el ministro de Defensa, Carlos Presti.