La provincia de La Pampa, junto a organizaciones académicas y civiles, inició una acción judicial para suspender la aplicación de la reforma a la Ley de Glaciares, argumentando posibles afectaciones a sus recursos hídricos.
La reforma de la Ley de Glaciares, sancionada recientemente por el Congreso Nacional, enfrenta un nuevo desafío judicial. El gobierno de la provincia de La Pampa presentó un amparo colectivo ambiental ante el juzgado federal de Santa Rosa, solicitando la suspensión de su aplicación y que se declare su inconstitucionalidad.
La acción fue impulsada junto a la Universidad Nacional de La Pampa, la Fundación Chadileuvú y la Asamblea por los Ríos Pampeanos. El gobernador Sergio Ziliotto encabezó la presentación y advirtió sobre las posibles consecuencias de la reforma para los recursos hídricos provinciales. «La Pampa no tiene glaciares, pero sí depende del único río que hoy corre por la provincia, que es de origen glacial», señaló el mandatario.
El amparo sostiene que la modificación legal podría traducirse en una menor disponibilidad de agua, afectando especialmente al río Colorado, que abastece a cerca del 45% de la población pampeana, y agravando conflictos históricos como el del río Atuel. La presentación argumenta que la reforma vulnera derechos constitucionales, tratados internacionales y el principio de no regresión ambiental.
En paralelo, organizaciones ambientalistas a nivel nacional, como la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y Greenpeace, iniciaron una demanda colectiva contra la misma reforma. Estas entidades cuestionan que la norma represente un retroceso en la protección de reservas de agua dulce y critican la delegación en las provincias para definir áreas periglaciales.
La reforma a la Ley de Glaciares fue aprobada por la Cámara de Diputados con 137 votos afirmativos y modifica el régimen de presupuestos mínimos de protección ambiental establecido originalmente.