Un proyecto impulsado por organizaciones sociales y legisladores busca declarar la emergencia nacional en salud sexual por dos años, ante el aumento de casos de VIH y sífilis y el desabastecimiento de insumos básicos.
Un proyecto de ley ingresado al Congreso de la Nación propone declarar la emergencia en salud sexual por un plazo de dos años, con posibilidad de prórroga. La iniciativa, impulsada por el Frente Nacional de VIH, Hepatitis y Tuberculosis junto al diputado Esteban Paulón, llega con el respaldo de más de 600 organizaciones y el apoyo inicial de al menos 15 legisladores de distintos bloques.
El texto, basado en el expediente 0087-P-2026, busca recomponer programas, presupuesto y el acceso a insumos esenciales. Los datos que motivan la propuesta muestran un cuadro crítico: en Argentina se registran alrededor de 6.900 nuevos diagnósticos de VIH por año, con un 48,1% de detección tardía. Además, en 2025 se notificó un récord de 55.183 casos de sífilis, lo que representa un aumento del 71% respecto al promedio de años anteriores.
Especialistas como el infectólogo Eduardo López han definido la situación como una «epidemia silente», remarcando la falta de campañas sostenidas de prevención. Profesionales del sistema público confirman un aumento en las consultas y diagnósticos semanales.
Uno de los puntos críticos es el desabastecimiento de insumos básicos. Según datos del Frente impulsor, en 2025 se distribuyeron apenas 832 preservativos a nivel nacional, una cifra muy inferior a las entregas de años anteriores. La última compra nacional adjudicada data de 2022.
El proyecto también señala un ajuste presupuestario en el Programa 22, clave para la respuesta al VIH, hepatitis, infecciones de transmisión sexual y tuberculosis, que sufrió una reducción del 38% entre 2024 y 2026. A esto se suman despidos de personal técnico y la paralización de organismos creados por la Ley 27.675.
El impacto se traslada a las provincias, muchas de las cuales han tenido que cubrir con fondos propios la compra de anticonceptivos, tratamientos y kits para víctimas de violencia sexual, ante la falta de envíos nacionales. Organizaciones sociales advierten que esta situación profundiza las desigualdades territoriales, especialmente en regiones con menos recursos.