Un juez dictó una medida cautelar que frena de manera provisoria la aplicación de puntos clave de la reforma laboral, en respuesta a un planteo de la central obrera.
Una resolución judicial de carácter provisorio frenó la puesta en marcha de 82 artículos de la reforma laboral, que afectan tanto las relaciones laborales individuales como colectivas. Según los fundamentos del magistrado, la medida busca evitar efectos «difíciles de revertir» mientras se tramita el proceso principal para determinar si los cambios vulneran derechos protegidos por la Constitución Nacional.
El juez sostuvo que existe una «apariencia razonable» de derecho en el reclamo sindical, lo que justifica suspender las normas hasta que haya una sentencia definitiva sobre el fondo de la cuestión. El tribunal advirtió que la implementación inmediata de la reforma podría generar daños jurídicos y materiales en los contratos vigentes, alterando el equilibrio de las relaciones laborales antes de que la Justicia se pronuncie de forma final.
Ante el argumento del Estado sobre la posible interferencia en facultades legislativas, el fallo remarcó que el control de constitucionalidad es una función esencial del Poder Judicial para garantizar el respeto a la Carta Magna.
Desde la CGT celebraron la medida, argumentando que la reforma reduce niveles de protección histórica y afecta el ejercicio de la libertad sindical y el derecho a huelga. Por su parte, el Gobierno nacional ha defendido la legalidad de la norma, señalando que fue aprobada por el Congreso y que su suspensión afecta las políticas públicas diseñadas para el sector.
Este escenario judicial abre una nueva etapa de incertidumbre sobre el alcance real de la reforma. Mientras el expediente continúa su curso en el Registro Público de Procesos Colectivos, las empresas y trabajadores deberán aguardar la resolución de fondo que determine la validez o invalidez definitiva de los artículos cuestionados.