La bancada de Hacemos Unidos por Córdoba (HUxC) logró avanzar en la sesión de este miércoles con la sanción de dos leyes clave del gobierno de Martín Llaryora en medio del fuego cruzado con la oposición, que terminó facilitando —por acción u omisión— la aprobación tanto de la nueva estructura orgánica del Ejecutivo como de la controvertida ley de loteos sociales, bautizada por halcones como una «Ley Ómnibus» del PJ en el poder.
Tras un debate cargado de tensión y cruces, el oficialismo consiguió los votos necesarios para ratificar por ley los decretos que rediseñaron la “Orgánica” del gabinete provincial. La votación evidenció, sin embargo, un dato político: hubo bancas vacías de la UCR y el juecismo que contribuyeron a darle holgura al resultado que cosechó el peronismo. Las ausencias también juegan.
El oficialismo reunió 33 votos propios —con la ausencia de Victoria Busso— y sumó el respaldo de las aliadas Karina Bruno y Graciela Bisotto, alcanzando 35 voluntades afirmativas. En contra se expresaron la UCR, el Frente Cívico y un amplio abanico opositor que incluyó a representantes del PRO, de Construyendo Córdoba, el vecinalismo y el Frente de Izquierda, sumado a los otros monobloques de Gregorio Hernández Maqueda y Agustín Spaccesi.
En el recinto, la guerra discursiva dejó expuesta una grieta nítida sobre el sentido de la reestructuración del gabinete de LLaryora. Desde el oficialismo la defendieron como una herramienta necesaria para ordenar la gestión en un contexto económico complejo, mientras que la oposición la denunció como un esquema discrecional, sin transparencia y con objetivos políticos de cara a 2027.
El jefe del bloque oficialista, Facundo Torres, sostuvo que la reestructuración responde a la necesidad de “adecuar el funcionamiento del Estado a las demandas actuales”, y remarcó que la modificación de ministerios y secretarías apunta a mejorar la capacidad de gestión.
En la misma línea, Leonardo Limia encuadró la iniciativa en el impacto del recorte de recursos nacionales, al plantear que la Provincia necesita una estructura “eficiente e inteligente” para sostener programas y garantizar contención social. En tanto, Julieta Rinaldi reforzó ese argumento al señalar que los cambios buscan “optimizar el gasto y mejorar la gestión” en un escenario adverso.
Incluso con matices, dentro del propio peronismo Marcelo Eslava, quien se hizo cargo de su frase destinada a la interna pejotista de «funcionarios que no funcionan», defendió la potestad del gobernador para definir su equipo y pidió a la oposición respetar la decisión del Ejecutivo.
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Embate opositor
Del otro lado, la embestida opositora fue contundente y con múltiples ejes de crítica. La radical Alejandra Ferrero advirtió que la ley llega a “blanquear” decisiones ya tomadas por decreto, que implicaron designaciones, reasignaciones presupuestarias y ampliación de facultades. Denunció “superpoderes” y una fuerte discrecionalidad en el manejo de los recursos, además de la falta de precisiones sobre el costo real de la nueva estructura.
El juecista Walter Nostrala apuntó contra el “desfase” entre la reforma y el contexto de crisis, con caída de la recaudación y conflicto docente, y cuestionó que lejos de achicar el Estado se incrementan cargos y gastos. “No hay un ajuste de la política, sino más designaciones”, cuestionó, y acusó al gobierno de “disfrazar” estructuras sin reducir el gasto.
Las críticas también pusieron el foco en el trasfondo político. El vecinalista Gerardo Grosso habló de una estructura “sobredimensionada” orientada a sostener el armado territorial del peronismo, mientras que Noelia Agüero (FIT-Unidad) denunció que el gasto se destina a “beneficiar a amigos” mientras el ajuste recae sobre los trabajadores, como ser docentes y personal de salud.
Desde sectores libertarios y otros bloques, Agustín Spaccesi definió la reforma como “cambiar algo para que nada cambie” y la vinculó a un armado con fines electorales. En tanto, Patricia Botta advirtió sobre un “autoritarismo administrativo” y reclamó que la Legislatura deje de funcionar como una “escribanía” del Ejecutivo.
Con ese telón de fondo, el oficialismo logró imponer su mayoría y validar la nueva Orgánica, pero el debate dejó expuesta una confrontación de fondo: para el PJ, se trata de una reingeniería necesaria para sostener la gestión en tiempos de crisis; para la oposición, una concentración de poder sin controles claros y con fuerte impronta político-electoral.
«Ley de loteos»
El otro eje de alto voltaje en la discusión pasó por la iniciativa que declara de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles necesarios para la realización de un programa de loteos sociales. Las dos bancadas más numerosas de la oposición (UCR y juecismo) descargaron munición pesada contra el gobierno llaryorista, pero terminaron acompañando en general, aunque dejaron consignado su rechazo en cuatro artículos (1, 12, 17 y 18) en la votación en particular.
Con mirada pragmática, las espadas oficialistas dejaron de lado la crítica en los discursos y sacaron a relucir el apoyo de la oposición cambiemista a la hora de contar los votos. Los opositores del radicalismo y el Frente Cívico se enredaron en su juego de criticar, pero después votaron por la positiva, aunque adujeron que al «corazón de la ley» lo terminaron rechazando. Difícil de explicar ese movimiento. El PJ se encargó de soslayar las objeciones en particular.
Por el rechazo se pronunciaron los dos legisladores del PRO (Oscar Agost Carreño e Ignacio Sala), Agustín Spaccesi, Gregorio Hernández Maqueda, Gerardo Grosso (EVC), Patricia Botta y el radical Carlos Briner.
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«El gobierno pretende un cheque en blanco para expropiaciones, creación de fondo millonario en manos del Ministro de Gobierno para hacer campaña política y avales de endeudamiento para municipios. De ninguna manera nuestro bloque votará esos articulos. La discrecionalidad y la opacidad son una constante en el gobernador Llaryora. Si necesita expropiar, que indiquen con precisión de qué se trata y para qué y seguramente va a contar con nuestro apoyo. A ciegas, nada», expresó el juecista Nostrala.
«Desde el bloque de la Unión Cívica Radical acompañamos en general el proyecto, pero también señalamos con claridad lo que consideramos necesario mejorar, porque el acceso a la tierra y una vivienda digna para todos los cordobeses requiere no solo urgencias, sino también planificación, coordinación y responsabilidad», sostuvo el radical Lucas Valiente al fijar la posición de los boina blanca.
El mileista Hernández Maqueda fue categórico en su negativa. «Le decimos no a esta ley chavista», resaltó el halcón opositor, y afirmó que «es de una republiqueta bananera». También expuso a sus aliados cambiemistas al llamar a la reflexión: «Creen que se exoneran votando en general y rechazando artículos en particular».
Por su parte, Agost Carreño y Spaccesi advirtieron que la ley, tal cual quedó redactada, puede generar «juicios millonarios» contra la Provincia. Asimismo, cuestionaron la intención política del PJ de «entregar lotes para las elecciones».
Matías Chamorro fue el encargado de la defensa oficialista al proyecto girado por el Ejecutivo que complementa y fortalece el Programa de Loteos y Viviendas, dotando al gobierno provincial y a los municipios de nuevas herramientas para enfrentar el déficit habitacional. El socialista habló de «una articulación virtuosa entre los municipios, el Estado provincial y el privado», y completó: “Queremos que todos los intendentes sepan que cuentan con una política clara para desarrollar tierra y vivienda, y que el Gobierno provincial los va a acompañar con gestión y con obras. La vivienda no puede ser un privilegio: tiene que ser una posibilidad real para las familias cordobesas».
En el cierre del debate, Torres aseguró que se trata de «una herramienta concreta que fortalece el trabajo conjunto entre la Provincia y los gobiernos locales, para llevar soluciones reales a miles de cordobeses en un contexto económico complejo». «No es teoría, es gestión con base en el territorio, escuchando a intendentes y jefes comunales y transformando esas necesidades en políticas públicas», fundamentó el jefe del bloque oficialista.