El fiscal federal Sebastián Basso, a cargo de la investigación por el atentado contra la AMIA, afirmó este jueves que ya hay pruebas suficientes en la causa para celebrar el juicio en ausencia contra un jerarca del régimen de Irán.
Basso lamentó que «en la Argentina no teníamos una ley que permitiera juzgar a personas que no estaban presentes y el caso no podía avanzar», cosa que cambió a partir de la sanción de la ley de juicio en ausencia.
Ahora, la Justicia argentina podría accionar contra Alí Asghar Hejazi, uno de los jefes del régimen islámico que presidía el denominado Comité Vijeh, un organismo que recogió información, analizó el objetivo y elaboró el plan para destruir la sede de la AMIA ubicada sobre la calle Pasteur en la ciudad de Buenos Aires.
Hejazi habría viajado a Buenos Aires en marzo de 1993 para estudiar los planes de Moshen Rabbani, agregado cultural de la embajada de Irán en la Argentina y uno de los principales acusados por el atentado perpetrado el 18 de julio de 1994.
Mohsen Rabbani
«Rabbani tenía funciones de inteligencia y espionaje y recopilaba toda la información de lo que sucedía acá y la mandaba a Irán, dando cuenta de que en la Argentina hay una importante comunidad judía que lo transforma en lo que ellos llaman la segunda Israel”, explicó el fiscal, que pidió «avanzar cuanto antes con el juicio en ausencia».
Para la fiscalía, «Rabani es una pieza esencial para que Irán decidiera un ataque bélico como el atentado a un edificio emblemático de la comunidad judía» en Argentina.
Quiénes son los acusados por el atentado a la AMIA
El miércoles de esta semana Basso pidió el procesamiento de diez ciudadanos iraníes y libaneses ante el Juzgado Federal N°6, subrogado por el juez Daniel Rafecas. En la misma audiencia sumó el nombre de Hejazi y pidió su captura internacional, aunque no sea condición necesaria para iniciar el proceso legal en su contra.
Además de Rabani hay otros dos exdipolmáticos iraníes acusados de hacer inteligencia previa al atentado contra la AMIA, Hadi Soleimanpour y Ahmad Reza Asghari.
Mientras tanto, la imputación contra Hejazi está construida sobre las declaraciones de cuatro iraníes disidentes que respondieron ante la justicia en Francia, y que aportaron información relevante para profundizar en detalles sobre el rol del sospechoso.
Basso solicitó que se lo impute formalmente, se ordene su captura internacional y se lo declare en rebeldía.
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El fiscal del caso AMIA también requirió el procesamiento de los mismos diez acusados sobre los que Rafecas ya había habilitado el juicio en ausencia, ya que todos permanecen prófugos y cuentan con alertas rojas de Interpol desde 2006.
Entre ellos figuran Alí Fallahian, ex ministro de Inteligencia; Alí Akbar Velayati, ex canciller; Mohsen Rezai, ex jefe de la Guardia Revolucionaria; y Ahmad Vahidi, vinculado a la fuerza Al Quds.
Para la fiscalía, varios de esos ex funcionarios integraron el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, ámbito en el que se habría aprobado la realización del atentado durante una reunión reservada celebrada en agosto de 1993.
La nómina se completa con los tres diplomáticos antes nombrados y con los integrantes de Hezbolá Salman Raouf Salman, sindicado como responsable de coordinar en la Argentina la fase final del atentado; su hermano Abdallah Salman, acusado de manejar fondos para financiar la operación; y Hussein Mounir Mouzannar, señalado por haber aportado documentación falsa para facilitar movimientos operativos.
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