Este miércoles el cabo primero de Gendarmería Nacional Héctor Guerrero concurrió a los Tribunales Federales de Comodoro Py 2002, en el barrio porteño de Retiro. Allí brindó su declaración indagatoria en la causa en la que está imputado por “tentativa de homicidio agravado” en perjuicio del joven fotorreportero Pablo Grillo, “abuso de autoridad” e “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
Los hechos ocurrieron el 12 de marzo frente al Congreso Nacional, durante una masiva manifestación de jubiladas y jubilados acompañados por miles de personas convocadas por diversas hinchadas de fútbol.
Además de las heridas letales recibidas por Grillo, la brutalidad de las fuerzas conducidas por la ministra de “Seguridad Nacional” Patricia Bullrich provocó heridas en cientos de manifestantes. Entre ellos, el joven hincha de ChacaritaJonathan Navarro, quien sufrió la pérdida de la visión de su ojo izquierdo por un disparo de goma ejecutado por Sebastián Martínez, miembro de la Agrupación Guardacostas de Prefectura.
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Inicialmente el gendarme Guerrero debía presentarse el 2 de septiembre en el Juzgado Criminal y Correccional Federal 1, que conduce María Servini. Pero la cita se postergó para este miércoles 17. Concurrió acompañado por los abogados Martín Sarubbi y Claudio Nuncija, quienes asumieron su defensa a pedido de Gendarmería. En lugar de declarar ante la jueza (que está de licencia), el imputado lo hizo ante el controvertido juez Ariel Lijo, quien subroga momentáneamente a Servini.
Al momento de estar declarando Guerrero se produjo una nutrida una concentración en las puertas de los Tribunales, encabezada por Fabián Grillo y otros familiares, junto a organismos de derechos humanos y la izquierda.
Comodoro Py | Foto Enfoque Rojo
Como se sabe, la identificación de Guerrero como tirador de la granada de gas lacrimógeno que le partió la cabeza a Grillo no fue producto de la investigación judicial del fiscal Eduardo Taiano (titular de la Fiscalía Federal 3) sino por una reconstrucción encabezada por el colectivo periodístico Mapa de la Policía.
En lo único que no mintió el pistolero fue en que actuó cumpliendo órdenes de sus superiores (quienes a su vez respondía a las directivas de Bullrich). El resto de su declaración fue una sarta de mentiras, sólo aceptables por su derecho constitucional a no declarar contra sí mismo. Buena parte de sus dichos son desautorizados por las pericias que constan en el expediente.
En su indagatoria, Guerrero sostuvo que es absolutamente “inocente” de lo que se lo acusa y que actuó de acuerdo a lo que le ordenaron y siguiendo las indicaciones del manual de procedimiento de la fuerza.
“El día 12 de marzo de 2025 nos ordenaron equiparnos y custodiar el Congreso de la Nación que estaba de espalda nuestro. Es decir, ubicarnos de frente a los manifestantes”, dijo Guerrero. Y agregó que en un momento esos manifestantes comenzaron a arrojar “muchísimas piedras”, de las cuales dijo recibir cinco en su torso. “Cuando se acercaron a nosotros, hicimos uso de la granada de mano de gas lacrimógeno”, completó, queriendo dar la idea de que habría actuado en defensa propia.
Según su relato, “ese día con el humo y el agua del hidrante se complicaba la visión”, lo que se profundizaba porque “tenía puesta una máscara antigas”. Y, como “el lanza gas no tiene aparatos de puntería y su cañón no tiene estrías”, no podía hacer dos disparos consecutivos. De todos modos, aseguró, “todos los disparos” que realizó “fueron a lugares seguros”.
“Yo jamás tuve la intención de lastimar a ninguna persona y el lanza gas lo usé a medida que me instruyeron y de acuerdo al manual del uso de lanza gas. Soy inocente”, concluyó Guerrero sin hacerse cargo de nada.
Sin embargo, el gendarme no tiene mucho de dónde agarrarse, más allá del relato armado desde el Ministerio de Seguridad. Desde la querella representada por el CELS junto a la abogada Claudia Cesaroni (de la LADH) desmintieron los dichos de Guerrero.
Por un lado, todas las imágenes gráficas y audiovisuales, tanto de medios masivos de comunicación como de los propios manifestantes, ese día las fuerzas represivas tenían una visión muy clara de la Plaza de los Dos Congresos y, por ende, de los miles de manifestantes que tenían enfrente. En ese contexto, es claro que Grillo no representaba ninguna amenaza para nadie y que al momento de recibir el impacto estaba agachado y sacando fotos.
A su vez, la querella aclara que es falso que Guerrero disparó según “los procedimientos establecidos”. Él está imputado por disparar su lanza gas “en línea recta” y apuntando directamente hacia Grillo, “sabiendo que con esa acción podía poner en peligro la vida o la integridad física de cualquiera de las personas que estaban frente a él”.
Matías Aufieri y Alejandrina Barry del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH) | Foto Enfoque Rojo
El peritaje de la División Balística de la Policía de la Ciudad descartó que el gendarme haya disparado con una inclinación ascendente de 45° o una descendente de entre 30° y 45°, tal como lo indican los protocolos de uso de ese tipo de armas. Si hubiera disparado de alguna de esas dos maneras, el cartucho calibre 38 no podría haber impactado sobre el fotorreportero de la forma en que lo hizo. La reconstrucción pericial determinó que un proyectil de esas características, disparado según los protocolos, debe caer a unos 150 metros de la posición del tirador. Tres veces más que la distancia que medió entre Guerrero y Grillo.
La inocencia de Guerrero no se sostiene. Por eso Pablo, su familia y millones de personas esperan que la jueza Servini finalmente lo procese y mande a juicio. Para tomar esa decisión tiene un plazo de diez días hábiles desde la indagatoria. Eso sería el lunes 1° de octubre.
La jueza federal también debe decidir si atiende el reclamo de la querella para que investigue la responsabilidad penal que le cabe en el caso a la ministra Bullrich, al director Nacional de Gendarmería Claudio Brilloni, al jefe del Destacamento Móvil 6 Héctor Ferreira y al jefe del Comando Región I (al que pertenece el tirador) Marcelo Porra Melconian.