Más allá de que las peleas políticas y las ríspideces entre el Ejecutivo y los gobernadores se llevaron gran parte de la atención, el Congreso de la Nación logró avanzar en dos leyes de mucha importancia social esta semana. La Cámara de Senadores aprobó la denominada Ley “Nicolás”, iniciativa sobre atención sanitaria que busca evitar diagnósticos errados, y dio media sanción a las modificaciones en Seguridad Vial, que endurecen las penas en delitos cometido en medio de siniestros de tránsito.
La primera norma lleva el nombre de Nicolás Deanna, el joven de 24 años que murió en 2017 debido a un mal diagnóstico sobre una enfermedad que tenía. Su fallecimiento llevó a su madre, Gabriela Covelli, a pelear por tener un marco legal para mejorar la atención de los pacientes y las condiciones de trabajo de los profesionales de la salud con el fin de reducir los casos de mala praxis.
Carmen Álvarez Rivero fue la única senadora que votó contra la «Ley Nicolás»
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El segundo proyecto, que podría convertirse en ley si también es aprobado en Diputados, fue presentado por ONGs como Madres del Dolor y Estrellas Amarillas de La Pampa y propone cambios en el Código Penal, aumentando las penas en los delitos relacionados a accidentes viales e incorporando nuevos agravantes para alcanzar condenas más proporcionales y justas (por ejemplo, en personas que comentan siniestros con más de tres de esos agravantes).
Ambas iniciativas acumulan un largo recorrido y tuvieron un respaldo legislativo amplio, de todos los bloques partidatios, en una jornada en la que el Senado también rechazó el veto del presidente Javier Milei a la ley que impone giros automáticos de Aportes del Tesoro Nacional (ATN).
Cambios en Seguridad Vial
«Es muy importante esta modificación al Código Penal. Primero, porque los hechos viales son la primera causa ‘totalmente evitable’ para nuestros jóvenes», dice a PERFIL Viviam Perrone, titular de la Asociación Madres del Dolor. «Luego, porque no es justo que las consecuencias de un siniestro solo las sufran las víctimas y, por último, sirve para evitar y prevenir futuros hechos en nuestras rutas y calles», añade la mamá de Kevin Sedano, fallecido en 2002 tras ser atropellado por un automovilista en Olivos.
La senadora del PRO Victoria Huala fue una de las principales impulsoras del proyecto en la Cámara Alta, que fue aprobado con 53 votos positivos y tuvo 9 abstenciones. «Los legisladores estaban todos de acuerdo, por eso no hubo votos negativos. Los que se abstuvieron fue por una cuestión técnica, con respecto a un agravante relativo a las licencias de conducir«, indicó el abogado Natalio Nicodemo.
El letrado especialista en siniestros viales, principal autor del proyecto junto a Perrone y otros integrantes de la ONG, explicó a este medio que en el artículo 84 bis del Código Penal, aplicado en este estilo de hechos, tiene 12 agravantes y dos escalas penales. «El problema está en que la segunda escala va de 3 a 6 años de prisión, por eso cuando tenemos casos con múltiples agravantes la condena termina siendo baja porque las penas son bajas», sostuvo.
El espíritu de la norma no solo añade otros 5 agravantes, sino que también establece una tercera escala punitiva. «La primera escala, una persona que tiene un siniestro sin agravante, quedaría igual (de 2 a 5 años). Ahora, cuando empieza la segunda se piden sentencias entre 4 y 8 años, pero lo más novedoso es la tercera, que refiere a que cuando alguien mata al volante con tres o más agravantes la condena sea de 5 a 12 años«, precisó el abogado.
A modo de ejemplo, Nicodemo afirmó que este último caso podría aplicarse a un conductor alcoholizado, que circule con exceso de velocidad, haya pasado un semáforo en rojo y se fugue. «Le llamamos homicida vial a quien muestra desprecio por la vida ajena. También se pide que no se otorgue la libertad condicional cuando hay múltiples agravantes y la suspensión del juicio a prueba (probation), que no tengan ese beneficio».
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Al tipificar situaciones que hoy en día son algo difusas con la normativa vigente, los jueces tendrían más herramientas para tomar decisiones en los procesos. Ahora, el próximo paso será la Cámara Baja, donde el texto tendrá que pasar por comisiones y el correspondiente.
«Ley Nicolás» y los cambios en la atención
En la misma sesión, se convirtió en ley el proyecto que busca mejorar la atención de los pacientes, las condiciones de trabajo de los profesionales de la salud y reducir los eventos médicos inesperados durante la atención. Fue sancionada por un amplia mayoría de 69 votos contra uno de la senadora del PRO Carmen Alvarez Rivero, la misma que quedó en el centro de la polémica al decir que no creía que «los niños argentinos tengan derecho a venir al hospital Garrahan a ser curados» y luego debió pedir disculpas.
Este texto fue aprobado en junio del 2023 en Diputados en base a un proyecto del legislador radical Fabio Quetlas, que estuvo presente en el recinto junto a la madre y el hermano de Nicolás Deanna.
«Argentina es el primer país de América Latina con una Ley de Seguridad Sanitaria. Un logro de las familias encabezadas por Gabi Covelli (la mamá de Nicolás) que transformaron la lucha en consenso y hoy en una política pública», expresó el diputado de la UCR a través de un mensaje en la red social X.
En 2017, el joven había ido atenderse con el doctor Ricardo Cap (condenado a tres años de prisión) por un fuerte dolor de cabeza. El médico le recetó dos analgésicos y como el malestar siguió luego lo diagnóstico con una contractura en la base del cráneo. Sin embargo, se supo más tarde lo que en realidad tenía una meningitis bacteriana, que finalmente le costó la vida.
Durante el debate, la presidenta de la comisión de Salud, Lucia Corpacci (Frente Nacional y Popular-Catamarca), aseguró que el fin de la Ley Nicolás “es trabajar sobre esas fallas, averiguar por qué se producen y modificar eso para que no se vuelvan a repetir”. En esa línea, sostuvo que se apunta a que «se ejerza una supervisión sobre los centros de salud de alguna manera diciendo hasta dónde pueden atender o qué patologías son las que pueden atender para evitar las futuras malas praxis».
El proyecto estipula la creación de la historia clínica digital encriptada e interoperable; certificaciones obligatorias y periódicas para los profesionales de la salud y las instituciones médicas; desarrollo de protocolos de actuación y sistemas de auditoría y vigilancia. También define criterios y conceptos de seguridad, incidente y eventos adversos evitables y no evitables. Asimismo, solicita a las instituciones proveedoras de servicios de salud públicas y privadas que brinden a su organización de los medios que permitan establecerlos.
«La autoridad de aplicación debe implementar un Registro Unificado de Eventos Centinela (RUDEC), con el objetivo de registrar todo evento centinela, así como los resultados de la investigación de los mismos». Por otro lado, el Senado además dio media sanción de forma unánime una iniciativa para la detectar y tratar patologías en los recién nacidos, al incorporar la atrofia muscular espinal.
FP/DCQ