Los libertarios acusan a toda movilización popular de “golpista”, pero los antidemocráticos son ellos. Editorial de El Círculo Rojo, programa de La Izquierda Diario que se emite todos los sábados de 12 a 14 por Radio Con Vos 89.9.
Sábado 13 de septiembre 13:01
Escuchá esta nota
En el programa Circo Freak —que conduce Matías Colombati en el streaming Gelatina— participé de un intercambio sobre las consecuencias de la paliza electoral que sufrió Javier Milei en las elecciones bonaerenses. En ese marco, hice referencia a la necesidad, a la legitimidad e incluso a la legalidad de una eventual resistencia callejera que enfrente este proyecto reaccionario de Milei para ponerle un límite o derrotar un plan que fue ampliamente rechazado en el principal territorio del país. Obvio: surgió la referencia a 2001, a su significado histórico y al carácter que tuvo. Fernando de la Rúa y sus funcionarios siempre dijeron que fueron víctimas de un “golpe”, y no de una rebelión popular.
Esa fue justamente la acusación que salieron a hacerme gran parte de los trolls oficialistas en redes y algunos voceros comunicacionales, como Jonatan Viale. Ojo: no fueron solo ellos; hubo voces opositoras que hablaron de “irresponsabilidad” y cosas así. Pero X/Twitter no tiene importancia más que como ensayo de respuestas políticas que después se intentan volver masivas.
Primero, lo formal: la idea de la resistencia está validada incluso en la Constitución. El artículo 36 reconoce el derecho de resistencia de los ciudadanos frente a actos de fuerza que interrumpan el orden institucional y el sistema democrático. La propia norma lo dice: “Todos los ciudadanos tienen el derecho de resistencia contra quienes ejecutaren los actos de fuerza enunciados en este artículo”. ¿Qué son las acciones de Milei desde el minuto cero de su gobierno, si no esto?
En el Preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (ONU, Resolución 217, París, 10 de diciembre de 1948) se afirma que los derechos humanos deben estar protegidos por un régimen de Derecho para que las personas no se vean obligadas a recurrir “al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión”.
También recordé estos días el Manifiesto Liminar de la Reforma Universitaria de 1918, gestada en Córdoba: “Si en nombre del orden se nos quiere seguir burlando y embruteciendo, proclamamos bien alto el derecho sagrado a la insurrección”.
Ahora, más allá de lo formal, esto remite a una discusión de fondo: ¿quiénes son los antidemocráticos? Y no me refiero solamente a la cuestión del voto, sino a algo más sustancial y profundo: ¿quiénes no respetan la voluntad popular?
Si gobernás con formas autoritarias, si empeorás las condiciones de vida de toda la ciudadanía (especialmente de mayores, niñeces y personas con discapacidad), si además lo hacés a decretazos limpios y con represión: ¿quién es el que se está cagando en la democracia —para decirlo académicamente—? Insisto: no me refiero solo a este régimen político, que tiene límites estructurales para ser realmente democrático, sino a los derechos democráticos en el sentido más profundo. Si capitalismo y democracia siempre estuvieron reñidos (me refiero al respeto de las libertades democráticas elementales), el libertarianismo, como proyecto político y forma de gobierno, es lo opuesto a esos derechos.
De hecho, en este programa —y en el encuentro de la Comunidad en que haremos en la Casona de Flores, el próximo 26/09, vamos a seguir conversando— se debatió en torno a qué grado de “fascismo” tienen en sangre. Más allá de acordar o no con esa calificación, es evidente un autoritarismo creciente que aumenta a medida que se profundiza su crisis. Veamos la seguidilla de vetos de esta semana e incluso la amenaza de no cumplir con la ley de emergencia en discapacidad. O, inmediatamente después del tremendo revés electoral en la provincia de Buenos Aires, salir a decir que mantendrían y profundizarían el plan económico. El método “cesarista” o “bonapartista” es profundamente antidemocrático.
En un texto al que llegué gracias a una recomendación de Mariano Schuster (a propósito de este debate), Roberto Gargarella habla del “derecho a resistir el derecho” y recuerda que, por lo menos desde la Edad Media, se discute entre los teóricos del derecho la idea de resistir a la autoridad si, por ejemplo, comete una “larga cadena de abusos” o definiciones similares. Cita a los padres fundadores y a los filósofos políticos que inspiraron el constitucionalismo angloamericano. Claro: tenían que dejar plasmado, de alguna manera en el papel, algo que pasaba en la vida: las sociedades resisten cuando se avasallan sus derechos.
Calificar de “golpista” a la movilización popular tiene el propósito de ponernos a la defensiva: nos coloca en posición de explicar que “no, no somos antidemocráticos, respetamos esto o aquello”. Mientras que los antidemocráticos, en lo formal y en lo sustantivo, son ellos, con los agravios que vienen llevando adelante desde hace dos años, con métodos autoritarios. Intentar frenar este plan liberticida con la movilización callejera es, entre otras cosas, un acto de defensa de libertades democráticas y, por lo tanto, profundamente democrático.
Ojo: también tiene un objetivo político muy concreto: que el elemento popular —trabajadores, trabajadoras, mayorías populares— no intervenga en esta crisis. Muchos de los que estaban, o ahora se ponen, del lado de enfrente de Milei, luego del domingo bonaerense dicen: “Bueno, ahora nadie toque nada, nadie se mueva; hay que esperar hasta 2027 y preparar una alternativa”.
Y mientras el establishment prepara una alternativa —por ejemplo, gobernadores que se proponen hacer mileísmo por otros medios y hablan “contra los extremos”—, eso implicaría que Milei termine el trabajo sucio y avance lo más posible con las contrarreformas estructurales (laboral, previsional) para que alguno de ellos venga después a gestionar sobre esa tierra arrasada.
Esto implica, en los hechos, sostener a Milei, y contiene implícita la idea de que cualquier propuesta alternativa —por ejemplo, derrotar el plan ahora para, al menos, evitar mayores daños— sería una especie de “provocación” o de no respetar la institucionalidad. Cualquier parecido con las acusaciones de “golpismo” de los libertarianos no es pura coincidencia.
En este ocaso del mileísmo ya se discute el posmileísmo. Resistir este plan no es solo un acto de resguardo de derechos democráticos elementales; es también un acto de legítima defensa.
¿Querés saber más sobre este tema? Preguntale a ChatPTS
Fernando Rosso
Periodista. Editor y columnista político en La Izquierda Diario. Colabora en revistas y publicaciones nacionales con artículos sobre la realidad política y social. Conduce el programa radial “El Círculo Rojo” que se emite todos los jueves de 22 a 24 hs. por Radio Con Vos 89.9.
