¿Se ve afectado el sentido del deber cívico de los ciudadanos al momento de emitir su voto, cuando la decisión se produce en medio de un escándalo de corrupción que involucra a un determinado gobierno? No. La relación entre la corrupción y el resultado electoral no es siempre tan lineal ni previsible, como se supone que debería serlo si se prioriza una lectura fundada en la ética personal y en los valores republicanos. Al menos, esa es la conclusión a la que arribó el especialista en comportamiento electoral Fernando Feitosa, luego de analizar decenas de campañas electorales realizadas bajo denuncias de coimas contra funcionarios gubernamentales en Estados Unidos, Brasil, Bélgica, Francia, España, Australia y Canadá, entre otros países.
Licenciado en Derecho por la brasileña Universidad de Fortaleza, doctorado en Ciencia Política por la belga Universidad Libre de Bruselas y docente de Teoría Política en la australiana Universidad Griffith, Feitosa se ha convertido en un experimentado investigador del estudio de los sistemas políticos comparados en torno al comportamiento de los electores. Autor de interesantes ensayos en los que analiza las razones que explican el impulso deontológico de un sufragio, este abogado y politólogo brasileño se esfuerza por entender cuáles son las causas que motivan, o desmotivan, a los votantes en las democracias modernas occidentales.
¿Por qué reparar en un cientista social que se preocupa por saber si la corrupción afecta a un resultado electoral? Porque por estas horas en la Argentina solo importa saber si la corrupción afecta un resultado electoral.
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En su trabajo titulado, precisamente, En teoría sí, ¿pero empíricamente? ¿Cómo se explica el vínculo entre corrupción y participación electoral mediante el deber cívico de ir a votar?, Feitosa demuestra que la malversación de fondos públicos que se debate en los medios de comunicación y se investiga en la justicia mientras se desarrolla un proceso electoral, termina relacionándose directamente con la baja participación que se produce en ese escrutinio. Para decirlo sin eufemismos: si el ciudadano interpreta que su sufragio no alcanza para modificar una matriz de corrupción, que asume fuertemente instalada en un sistema político, entonces prefiere no ir a votar.
La hipótesis de ese trabajo recupera una explicación muy recurrente de la ciencia política contemporánea, por la que se sostiene que la correlación negativa entre la corrupción y la participación electoral se fundamenta en el cálculo racional de los costos y los beneficios que evalúa un elector sobre su propio voto. Siguiendo esa argumentación, dentro de un contexto de alta corrupción, los ciudadanos no votan porque creen que hacerlo no afectará a las grandes decisiones, tanto políticas como jurídicas. Es importante, entonces, observar los trabajos de Feitosa cuando el escándalo del supuesto pago de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) salpica directamente a Karina Milei y a sus principales asesores, Eduardo Lule Menem y Martín Menem, a pocas semanas de dos cruciales elecciones para el Gobierno.
¿Qué impacto tendrán en los centros de votación los audios de Diego Spagnuolo, denunciando un escandaloso entramado de sobreprecios en la contratación de medicamentos por parte del Estado, para generar un multimillonario retorno, que va desde la Suizo Argentina hasta la más encumbrada cúspide del poder libertario? ¿Se restarán votos a La Libertad Avanza? ¿Se sumarán sufragios a la oposición?
Y, lo que es aún más interesante de analizar: ¿qué ocurrirá con los índices de ausentismo, que ya vienen siendo muy elevados en las últimas elecciones que se han producido este año en distintos distritos provinciales? ¿La indignación de los votantes los hará quedarse en casa? ¿O las denuncias de coimas los impulsarán en a ir a las urnas?
¿La indignación de los votantes los hará quedarse en casa?
Management&Fit fue una de las primeras consultoras en medir el Spagnuologate y sostuvo que el 16% de los consultados que se decían libertarios no votarán las listas de Milei en las próximas elecciones. Mientras que Proyección sostiene que tres de cada diez encuestados que se identificaban con La Libertad Avanza podrían rever su voto después del Coimagate. Y un estudio de Trespuntozero indica que para el 24% de los votantes del oficialismo se trata de un hecho grave y el 23% dijo sentirse arrepentido de haber optado por Milei en el ballotage de 2023. En tanto que el último trabajo publicado esta semana es todavía más alarmante para el Gobierno: Zubán-Córdoba sostiene que el 37% de los encuestados que habían votado a Milei en 2023 cree que Karina y los Menem deberían renunciar.
El promedio de los sondeos anticipa, no quedan dudas, un escenario muy complejo para las Fuerzas del Cielo. Lo que anuncian las encuestas, hay que decirlo, es que al Gobierno le costará mucho evitar que las denuncias de corrupción erosionen su apoyo en las urnas.
William Riker y Peter Ordeshook fueron los primeros politólogos en analizar el comportamiento de los electores a través de decisiones racionales. En su ya clásico Teoría del cálculo de los votantes, publicado en 1968 en los Estados Unidos, Riker y Ordeshook advirtieron que antes de emitir un sufragio, cada ciudadano evalúa racionalmente las ventajas y desventajas de participar de la campaña y el impacto colectivo que podría tener su decisión individual. Se inició entonces una escuela de teoría política que sustenta el resultado de una electoral en función del “voto egoísta” y del “voto altruista”. En pocas semanas se sabrá cuál de esos dos votos triunfa en estos próximos escrutinios en Argentina y, lo que es aún más importante, cómo impacta la corrupción en esta trascendental elección para el futuro del país.