En el marco de la causa donde se investiga un presunto circuito de sobornos que involucra a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y a la droguería Suizo Argentina SA, el juez federal Sebastián Casanello tomó una medida clave: bloqueó el acceso a las cajas de seguridad de los empresarios Emmanuel, Jonathan y Eduardo Kovalivker, del exfuncionario Diego Spagnuolo y de su segundo Daniel Garbellini. Además, todos tienen prohibición de salida del país.
La investigación se aceleró el viernes, cuando de madrugada comenzaron los allanamientos a cargo de la Policía de la Ciudad. Se extendieron hasta la noche.
Fueron 16 pesquisas en total, con dinero en efectivo secuestrado, dólares en diversos sobres con anotaciones, una máquina de contar billetes, contratos por más de 10.800 millones de pesos que corresponden a pagos del Estado a favor de la droguería, junto a una importante cantidad de dispositivos electrónicos que tienen la orden de una inmediata extracción de su contenido.
Todo está en manos del fiscal Franco Picardi, que tiene delegada la investigación por determinación del juez. Ahora comienza la etapa de análisis y de armado de lo que en los pasillos de Comodoro Py definen como un “gran rompecabezas”.
¿Hay detrás de ello un entramado de sobornos? Es lo que busca dilucidar el representante del Ministerio Público Fiscal. Es en ese contexto que el magistrado tomó las primeras medidas cautelares. Arrancó con los hermanos Kovalivker, dueños de la droguería Suizo Argentina SA, a los que les dictó la prohibición de salida del país.
La suma global del dinero secuestrado a los empresarios asciende a U$S 266.000 y a $ 7.000.000. Pero la Policía de la Ciudad, en una de las viviendas ubicadas en el country de Nordelta, halló además una caja de seguridad abierta, vacía y sólo con ligas elásticas en su interior. ¿Lograron sacar el dinero antes de que se efectúe el operativo? Es lo que se investiga también.
Ahora, modo preventivo y revistiendo los empresarios el grado de sospecha necesario para estar bajo investigación por el presunto pago de sobornos al Estado, el juez Casanello firmó una orden de bloqueo de acceso a cualquier caja de seguridad.
La medida alcanza también a Spagnuolo, extitular de la ANDIS y protagonista central de las grabaciones que dieron origen al expediente penal. Además, el juez dictó la prohibición sobre su subalterno inmediato en el organismo, Daniel Garbellini. Y como los Kovalivker, tampoco pueden salir del país.
Además, la Justicia federal cuenta con cuatro teléfonos celulares de las personas implicadas que ya que se encuentran bajo estudio pericial. El fiscal busca en esos dispositivos todo aquello que permita respaldar las grabaciones iniciales de Spagnuolo, como así también algún otro posible vínculo que dé cuenta del entramado bajo estudio.
Hasta el momento, los funcionarios mencionados como posibles receptores de sobornos fueron Eduardo «Lule» Menem y Karina Milei. El primero, y su primo Martín, titular de Diputados, salieron justamente en las últimas horas a negar la veracidad de los dichos de Spagnuolo y a denunciar una «gran operación» en su contra, por la proximidad de la elección bonaerense.
La sospecha es que todos «habrían participado en un esquema de cobro y pago de coimas relacionadas con la compra y provisión de medicamentos, con afectación directa a los fondos públicos, hechos que encuadran en los delitos de cohecho, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas e infracción a la ley de Ética Pública, debiendo analizarse la maniobra como una asociación ilícita entre los actores que aquí se indican».
Todo comenzó con los audios filtrados de Spagnuolo, donde habla de la existencia de un mecanismo de corrupción institucionalizado en la compra de medicamentos. Para el fiscal Picardi, los hechos públicos le permiten concluir que “existe sospecha suficiente de la posible comisión de delitos emparentados a actos de corrupción”, explicaron fuentes judiciales a Clarín a la hora de determinar cuál es el punto de partida de la causa que tiene en vilo al Gobierno.
Como contó Clarín, bajo estudio hay contratos por $ 55.000 millones celebrados entre la ANDIS como el Ministerio de Salud de la Nación con la droguería Suizo Argentina SA durante el último año. El listado puede ser aún más amplio. Lo que se busca determinar es si existieron sobreprecios, procesos irregulares, un beneficio predeterminado que consecuentemente, generaron un posible canal de coimas.