El juez federal Jorge Gorini está en condiciones de avanzar con la ejecución patrimonial en la causa Vialidad. El decomiso exigido y que no fue depositados de forma voluntaria por parte de los condenados, asciende a US$537 millones, por lo cual la instancia siguiente es ir por los bienes embargados en el marco de este expediente.
Para el Ministerio Público Fiscal, el juez Gorini, que ejecuta la pena, debe ir por un extenso listado de bienes detallados en 40 páginas. Eso incluye el patrimonio de la familia Kirchner contemplando la cesión de bienes a título gratuito que realizó a favor de sus hijos en partes iguales.
En aquella presentación, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, sostuvieron que la ejecución de todos los bienes que los nueve condenados es el camino para recuperar parte del perjuicio ocasionado, en otros términos: «el dinero producto de la corrupción».
Sin el dinero depositado en la cuenta del Banco Nación este miércoles a las 9.30 de la mañana, el juez Gorini pondrá en marcha la instancia siguiente: la ejecución patrimonial.
Pese a ello, hay una discusión interpuesta por la defensa de Cristina Kirchner: pidió la suspensión de este proceso al considerar que la cifra es incorrecta. La respuesta al pedido de la ex Presidenta quedará en manos del TOF 2 y después, será la Cámara de Casación la que resuelva estos planteos.
Mientras tanto, el juez Gorini implementará el Reglamento que actualizó la Corte Suprema de Justicia y que determina cómo se avanza en el decomiso de bienes en causas de corrupción.
Tras el registro de los bienes decomisados, el Ministerio Público Fiscal, el Consejo de la Magistratura y otros organismos judiciales, pueden ser beneficiarios.
En primer lugar, el juez Gorini deberá inscribir -con carácter obligatorio e inexcusable- “la información completa de todos aquellos bienes que se encuentren sometidos a decisión jurisdiccional únicamente en la Base General de Datos de Bienes Secuestrados y/o Comisados en causas Penales de competencia de la Justicia Nacional y Federal».
Esa inscripción “deberá efectuarse dentro de los treinta (30) días corridos de dispuesto el secuestro, decomiso o afectación de un bien a una medida cautelar en el marco de un proceso penal”.
Después se buscará avanzar hacia una “asignación más eficiente y directa de recursos a entidades que contribuyen significativamente en la lucha contra el delito”. La finalidad es dar un mensaje claro a la sociedad: “el impacto positivo de la recuperación de activos de origen ilícito, a la vez que optimizaría su utilización en beneficio de la sociedad”.
Si los bienes decomisados en la causa Vialidad tienen “utilidad social”, el juez Gorini tendrá que comunicarlo y ponerlos a disposición del Tribunal si están en buen estado.
El bien recuperado podrá ser asignado “provisoriamente” para el uso de la Corte Suprema, de los tribunales del Poder Judicial de la Nación, del Consejo de la Magistratura de la Nación, del Ministerio Público Fiscal de la Nación y de las fuerzas de seguridad nacionales, provinciales, municipales o de la CABA”.
La fortuna de Cristina que reclama el fiscal
En la lista que armaron los fiscales hay seis cajas de ahorro en pesos y dólares en el Banco Galicia a nombre de Cristina Kirchner. Además, cuatro plazos fijos en el Banco de Santa Cruz, una caja de ahorro en el Banco Nación y cuatro cuentas comitentes abiertas en la Caja de Valores para realizar inversiones.
También se mencionan 26 propiedades vinculadas a los Kirchner entre la Ciudad de Buenos Aires y Santa Cruz. Muchas de ellas fueron cedidas por Cristina Kirchner a sus hijos Máximo y Florencia tras la muerte de Néstor Kirchner. En ese listado aparece el departamento de Recoleta, donde vivía la ex presidenta antes de mudarse a su actual departamento en la zona de Constitución.
Asimismo, aparece la casa de Río Gallegos y la residencia de El Calafate, entre otras. La ex vicepresidenta conserva sólo el usufructo de los inmuebles.
Ante la consulta de Clarín, fuentes judiciales explicaron que se incluyeron los bienes cedidos «porque están cautelados» y deben «considerarse para la ejecución del decomiso». Además, explicaron que la donación a título gratuito “es un título imperfecto, que puede ser cuestionado y en consecuencia puede ser alcanzado por una ejecución patrimonial”.
No son los únicos bienes de la familia Kirchner que la fiscalía entiende que deben ejecutarse. Se detalló un auto y tres sociedades emblemáticas de la familia Kirchner: Los Sauces SA, Hotesur SA y COMA SA. Esas empresas fueron cedidas a los hijos y están todas embargadas y bajo investigación judicial en diversos expedientes de corrupción. De hecho, por el caso Hotesur la ex presidente y su hijo esperan el arranque del juicio oral, acusados del delito de lavado de dinero.
Hay que recordar que ante la Oficina Anticorrupción (OA) en su última declaración patrimonial, Cristina Kirchner dijo poseer un patrimonio de 250 millones de pesos. Entre sus bienes expuso tener un auto O Km, el usufructo del departamento del barrio de Recoleta y de un terreno de El Calafate, son los bienes de mayor valor, sumado a acciones de Mercado Libre y Apple, entre otras.