En las últimas semanas el Gobierno anunció las privatizaciones de empresas del Estado, entre ellas AySA e Intercargo, habilitadas para ese proceso por la Ley Bases. Pero esa norma fijó también el procedimiento a seguir para privatizarlas que incluye controles de una Bicameral del Congreso -que no está constituida- y de la Auditoría General de la Nación que está al borde de quedar acéfala porque el Parlamento no designa a sus auditores por falta de acuerdo.
«La Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones, creada por la ley 23.696, intervendrá en las privatizaciones que se lleven adelante en virtud de las disposiciones de la presente ley», establece el capítulo de la Ley Bases sobre Privatizaciones.
Esa comisión debe recibir por parte del Ejecutivo la información de cada paso del proceso, a la vez sus legisladores pueden también «requerir información, formular las observaciones, propuestas y recomendaciones que estime pertinente».
Por otra parte, la Ley Bases establece que «la Auditoría General de la Nación deberá realizar un examen respecto del proceso de privatización de cada una de las empresas, evaluando el cumplimiento de los aspectos legales y financieros, una vez finalizado el mismo y dentro de un plazo de ciento veinte (120) días hábiles. Este examen deberá ser presentado ante la Comisión Bicameral».
Bicamerales congeladas y AGN debilitada
Pero la Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones es una de las que no están conformadas.
Diputados y el Senado ya designaron a la mayoría de sus miembros, son 6 diputados y 6 senadores. Sin embargo, hay una grieta abierta entre el bloque de Unión por la Patria que conduce José Mayans y Victoria Villarruel por la cantidad de asientos que le corresponden al bloque opositor: la vicepresidenta les reservó dos lugares, pero como ellos reclaman tres, en protesta no entregaron sus nombres.
«Se les pidió que corrijan y se está a la espera de eso», informaron autoridades del Senado. Igualmente, aclaran que la conformación de la comisión depende de la voluntad política de los bloques que decidan reunirse. Podrían reunirse sin ellos dos y dejar los cargos de la vicepresidencia o secretaría vacantes o reservados para UP.
Este problema es el mismo por el que se enfrentaron el kirchnerismo y el oficialismo desde el inicio del mandato de los libertarios. Mayans viene denunciando que les «robaron» al menos un integrante por comisión (reclamo que suma peso ahora que son 34 y no 33).
Los demás senadores ya están designados: Juan Carlos Pagotto (La Libertad Avanza), Juan Carlos Romero (Cambio Federal), Eduardo Vischi (UCR) y Carlos “Camau” Espínola (Unidad Federal). Los correntinos Vischi y Espínola fueron aliados cercanos del oficialismo hasta que la Casa Rosada decidió no acordar con el gobernador Eduardo Valdés para la elección de gobernador en Corrientes. Ahora, ambos integran un frente local rival al de LLA que candidatea a Lisandro Almirón.
Los Diputados ya están todos: Facundo Correa Llano y el radical Pablo Cervi (por el interbloque de La Libertad Avanza), Diego Santilli (Pro), Victoria Borrego (Coalición Cívica), Florencia Carignano y Ana María Ianni (Unión por la Patria).
Por otra parte, como contó Clarín, desde el 31 de marzo pasado, la AGN está al borde de la parálisis. En abril del año pasado vencieron los mandatos de los tres representantes por Diputados y como el oficialismo no quiere quedarse sin banca tiene congelados los reemplazos.
Martín Menem meses atrás presentó un proyecto para ampliar el número de auditores, pero no consiguió respaldo político para que su proyecto tenga dictamen. A eso se sumó que en marzo vencieron los mandatos de los tres designados por el Senado, donde tampoco hay acuerdo para nombrar a sus sucesores.