Esta semana se cumplen 49 años de los apagones organizados por la empresa Ledesma junto al ejército en julio de 1976. Desde entonces 33 personas continúan desaparecidas de 400 que fueron secuestradas. En su mayoría trabajadores.
Carlos Pedro Blaquier, el empresario que dio la orden, murió impune. Alberto Lemos, el administrador del ingenio es el único que queda vivo dentro del juicio de lesa humanidad que recién se inició en 2012. Son tiempos propios de una Justicia de la impunidad.
Esta misma semana el gobernador Sadir (UCR) y sus pares de Salta (Saenz, PJ) y Tucumán (Jaldo, PJ) hicieron causa común con los ingenios azucareros del NOA. Solicitan una ley de biocombustibles que mejore sus negocios. Ni una palabra de los casi 300 despidos del grupo Ledesma en lo que va del año. Todos sin causa.
Sobre estos despidos, al igual que los despidos en la minería de litio el ministerio de Trabajo no hace nada. Sadir se encarga de recibir con loas a empresarios de China que compran emprendimientos mineros, mientras Exar con mayoría de capital chino deja familias en la calle.
Tanta impunidad para el poder económico por parte del poder político se traduce en un gobierno que es cómplice en el robo de un gremio. Adep tuvo elecciones el 11 de diciembre. Desde entonces el Ministerio de Trabajo de Nación no resuelve el escrutinio.
La docencia resiste en una permanencia y con medidas de fuerza frente a los salarios de miseria. Sadir optó por entregarle el dinero de los afiliados a las dos listas que frenaron la elección porque perdían. Una violacion manifiesta de la autonomía sindical.
Un juez contravencional renunció esta semana. Está acusado de corrupción por el faltante de millones de pesos de multas cobradas y que iban al bolsillo de algunos funcionarios. El gobernador no dice nada. Dejan en manos de la Justicia el caso. Una Justicia armada por Gerardo Morales con mayoría radical -en sociedad con el PJ- debería investigar al ex juez puesto por el ex gobernador en lo que fue el instrumento de persecución a opositores políticos y a todo aquel que se manifestara. Una burla.
En una provincia donde el 43% trabaja en la informalidad la respuesta a quienes se ganan la vida en la venta ambulante es la persecución. Sucede con feriantes en la capital jujeña, familias de la Finca el Pongo o comunidades como en Cueva del Inca bajo la presión policial y los desalojos.
Unos pocos construyen un régimen político para sostener la impunidad de los grandes empresarios. Para ello tienen sus partidos tradicionales a los que se sumaron a LLA. Y comparten un mismo rumbo de sumisión al capital financiero, a las multinacionales, al FMI donde al pueblo trabajador pretenden que siga con bajos salarios, trabajo informal, jubilaciones de miseria y cada vez menos derechos laborales.
Dar vuelta todo este esquema requiere poner en pie un gran partido de las y los trabajadores. Una herramienta que se proponga unir a la clase trabajadora (ocupada, desocupada), a la juventud estudiantil y a las comunidades, en organismos de decisión colectiva, una asamblea provincial, desde donde hacer sentir el poder de los que día a día mueven la provincia con su trabajo. Preparar desde ahí el paro y un plan de lucha capaz de conquistar la huelga general frente a las direcciones sindicales que miran para otro lado.
Desde el PTS-FITU aportamos nuestra militancia hacia el desarrollo de esta perspectiva, la coordinación democrática de los trabajadores, ligada a un conjunto de medidas para dar vuelta una provincia rica con trabajadores pobres. Reorganizar la producción al servicio de las mayorías y no de la ganancia de los grandes empresarios. Conquistar con la lucha un gobierno de trabajadores que inicie un proyecto socialista para liberar a la clase trabajadora de la explotación y la opresión.