El gobierno de Javier Milei prorrogó hasta julio de 2026 la “emergencia del sistema energético nacional” mediante el Decreto 370/2025, profundizando su línea de ajuste estructural en nombre de una supuesta eficiencia técnica. Lejos de resolver los problemas del sistema, la medida concentra aún más poder en manos del Ejecutivo y allana el camino para nuevos tarifazos, privatizaciones y entrega de recursos estratégicos al capital privado.
Preámbulo de ajuste
La decisión extiende la intervención del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), dos organismos clave para el control de las empresas del sector, que ahora seguirán siendo manipulados directamente desde el Poder Ejecutivo. Esto significa menos control ciudadano, menos transparencia y más vía libre para las multinacionales que operan en el negocio energético.
Además, el decreto prorroga el llamado “Período de Transición hacia Subsidios Energéticos Focalizados”, una maniobra que en los hechos implica la continuidad del desguace del sistema de subsidios públicos. Bajo el falso discurso de “ordenar el gasto”, el Gobierno avanza en la eliminación de la asistencia a millones de usuarios que no pueden afrontar los costos reales del servicio en un país con más del 50% de pobreza. El tarifazo no es futuro: ya se vive hoy en cada factura impagable que llega a los hogares trabajadores.
Milei y su ministra Sandra Pettovello insisten en que estas medidas buscan “garantizar la prestación de los servicios”, pero la realidad es otra: los únicos beneficiados son los grandes grupos energéticos y financieros. Las empresas, que ya dolarizan sus ganancias y presionan por aumentos constantes, ven con buenos ojos una nueva etapa de desregulación que les permite facturar más, incluso cuando bajan sus costos operativos.
Esta política no es nueva: es parte de una hoja de ruta que busca liquidar el rol del Estado como garante del acceso a servicios esenciales, convertir derechos en mercancías y disciplinar al pueblo mediante el empobrecimiento planificado. En lugar de avanzar hacia una soberanía energética con control social, el Gobierno profundiza un modelo de dependencia, exclusión y saqueo de los recursos comunes.
En este contexto, resulta urgente que las organizaciones sociales, sindicales, ambientales y políticas independientes del poder económico levanten la voz. No se puede aceptar pasivamente una política energética que expulsa a millones del acceso a la electricidad y el gas mientras garantiza rentabilidad a Techint, Pampa Energía y otras megacorporaciones.
Desde la izquierda, sostenemos que hace falta otra salida: una planificación energética bajo control estatal y social, con tarifas justas, inversiones para el desarrollo y una transición hacia energías limpias pensada en función de las necesidades populares, no del mercado. Solo con una perspectiva de clase y anticapitalista podremos frenar esta ofensiva privatizadora y recuperar lo que es del pueblo.