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@egarabet
Frente al Congreso Nacional, y en distintas ciudades del país, se llevaron a cabo movilizaciones convocadas por ONG y agrupaciones vinculadas a la discapacidad.
El motivo: la suspensión de las coberturas, los bajos honorarios de los prestadores y los retrasos de varios meses en los pagos que debe concretar el Estado.
El objetivo de la marcha del jueves que llegó al Congreso fue la pronta aprobación de una ley de emergencia en discapacidad, legislación que busca dar alguna respuesta a la situación que hoy atraviesan las personas discapacitadas y los profesionales que los asisten.
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En ese marco se entiende que varias de esas organizaciones se presentaron ante el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, para denunciar los retrocesos en las condiciones de acceso a las pensiones no contributivas y las falencias en los procesos de auditoría impulsados por el Estado nacional.
En la presentación, realizada la semana pasada, se denunció que la situación que están atravesando las personas con discapacidad beneficiarias de pensiones no contributivas pone en grave riesgo su derecho a la protección social y todos aquellos que dependen de él.
Cuestionan, entre otras cosas, el decreto 843/24, que restablece requisitos que habían sido declarados inconstitucionales por la Justicia, porque “reproduce un paradigma médico, capacitista y discriminatorio, que desconoce la situación de exclusión estructural en la que se encuentran estas personas con discapacidad, se desentiende de los gastos adicionales que deben afrontar y atenta de modo directo contra su autonomía financiera y su derecho a la vida independiente”.
Por otra parte, las ONG denunciaron que se está implementando un proceso de auditoría sin garantías de accesibilidad ni apoyos que permitan a las convocadas ejercer su derecho de defensa.
Esta situación pone en riesgo el cobro de la pensión, que –a pesar de su escaso monto– permite a las personas con discapacidad cubrir algunas de sus necesidades básicas y acceder a la cobertura médica del programa Incluir Salud.