El presidente Gustavo Petro no ocultó su molestia ante el anuncio de Estados Unidos sobre la repatriación de colombianos. Fue claro en que el país no recibirá los vuelos puesto que el trato del que están siendo objeto los connacionales es indigno.
“Los EEUU no pueden tratar como delincuentes a los migrantes Colombianos. Desautorizo la entrada de aviones norteamericanos con migrantes colombianos a nuestro territorio. EEUU debe establecer un protocolo de tratamiento digno a los migrantes antes que los recibamos nosotros (SIC)”, escribió el primer mandatario en su cuenta de X en la madrugada del domingo 26 de enero.
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El reciente anuncio del presidente colombiano Gustavo Petro sobre la negativa a recibir ciudadanos deportados desde Estados Unidos refleja un momento tenso en las relaciones entre ambos países. El mandatario exigió un protocolo que garantice el respeto de los derechos humanos antes de aceptar la repatriación de estos ciudadanos.
La postura colombiana se produjo en un contexto de endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos, encabezadas por el presidente Donald Trump. En los primeros días de su segundo mandato, Trump implementó medidas severas contra la migración irregular, incluyendo la deportación masiva de personas detenidas en la frontera con México. Según cifras oficiales, 538 personas fueron arrestadas recientemente y cientos más deportadas en vuelos militares, en lo que la Casa Blanca describió como “la mayor operación de este tipo en la historia del país”.
Entre los deportados se encuentran migrantes de diversas nacionalidades, algunos de los cuales fueron acusados de delitos graves. Las autoridades estadounidenses justifican estas acciones señalando la presencia de presuntos criminales en los grupos de deportados, mientras que expertos en derechos humanos critican estas operaciones como actos de propaganda que deshumanizan a las personas en situación irregular.
La política migratoria de la administración Trump ha generado controversia desde el inicio. Las medidas incluyen la reinstauración de programas que obligan a los solicitantes de asilo a esperar en México, la suspensión de vías legales para la migración y la construcción del muro fronterizo. Estas acciones han sido calificadas como restrictivas y discriminatorias por organizaciones internacionales, que subrayan que el derecho a solicitar asilo es un principio fundamental del derecho internacional.
Mientras tanto, en Colombia, la decisión de Petro podría complicar las relaciones bilaterales con Estados Unidos, tradicionalmente uno de sus aliados más importantes. Al mismo tiempo, evidencia la creciente presión sobre los países de origen y tránsito de migrantes, quienes enfrentan una crisis humanitaria de gran magnitud. En países como Guatemala, que también recibió aviones con deportados recientemente, las autoridades no han precisado si estas acciones forman parte de las nuevas políticas estadounidenses o de operativos planificados con anterioridad.
La migración sigue siendo un tema central en la agenda política de Estados Unidos, y las promesas de Trump de intensificar las deportaciones son vistas por muchos como una estrategia para reforzar su base electoral. Sin embargo, estas acciones no están exentas de controversia, ya que enfrentan desafíos legales y éticos, tanto en el ámbito nacional como internacional.
El dilema migratorio no es nuevo, pero las políticas actuales parecen estar empujando los límites de las relaciones diplomáticas y los compromisos internacionales. La respuesta de Colombia y otros países afectados podría determinar el rumbo de esta crisis y el impacto de estas medidas en millones de personas que buscan mejores oportunidades fuera de sus fronteras.