La decisión de la baja temporal de las retenciones se tomó durante la mañana del jueves, ya con Luis Caputo en Buenos Aires. Tuvo la anuencia del FMI, en un contexto donde la situación por las reservas del Banco Central se encuentra en el tope de las preocupaciones del organismo.
La rebaja de los derechos a las exportaciones para los productos agrícolas -y la eliminación de los que pagan hasta ahora las economías regionales- implica una verdadera devaluación fiscal, que se otorga al sector en medio de la discusión por el atraso cambiario. Y la caída en la rentabilidad del agro.
Un atraso que el Gobierno rechaza -la última vez implicó un duro cruce de Javier Milei contra Domingo Cavallo-, pero que el Fondo Monetario puede ser un dolor de cabeza para la economía argentina.
La disminución de las alícuotas tendrá una duración que va desde ahora hasta el final del primer semestre del año.
Esta temporalidad de la medida hizo que desde algunas consultoras económicas se refirieran a ella como «el dólar agro de Milei», en referencia a las medidas excepcionales que tomaba Sergio Massa para lograr una liquidación de divisas por parte del sector.
Implicará una rebaja del 33% al 26% en la alícuota de las retenciones a la soja (poroto). Para el resto de los productos, la baja es la siguiente: la soja (aceite y harina), del 31% al 24,5%; el trigo, la cebada, el sorgo y el maíz pasan del 12% al 9,5%; y el girasol, del 7%, al 5,5%.
Esa disminución del 21% en la alícuota implicaría una mejora en el tipo de cambio efectivo en el orden del 10,5%.
La necesidad de dólares, clave detrás de la baja en las retenciones al campo
Más que por una cuestión fiscal, la negociación entre el Gobierno y el FMI tiene como eje a los dólares del Banco Central.
Con un tipo de cambio que se atrasó -el FMI viene insistiendo con el tema desde mediados de 2024-, y con precios de las materias primas más bajas que el año pasado, los técnicos del Fondo dudan de que el Gobierno pueda sumar divisas a las reservas.
De cara a las próximas elecciones, donde Milei debería revalidar su liderazgo, el Gobierno rechaza cualquier posibilidad de salida del cepo que implique un salto cambiario.
En este contexto, de holgura fiscal y necesidad de dólares, el Gobierno y el Fondo llegaron a un acuerdo para mejorar la rentabilidad del campo sin una devaluación del tipo de cambio.
Para asegurarse los dólares, el Gobierno estableció que «para acceder a la reducción temporaria de Derechos de Exportación, los productores deberán liquidar a los 15 días de presentada la Declaración Jurada de Venta al Exterior (DJVE), sin obligación de embarque, que se mantiene por 360 días desde la Declaración Jurada. También se podrá optar por no utilizar el beneficio y liquidar en plazo normal».
El foco del anuncio: un mensaje de Luis Caputo al campo
La decisión de darle un gesto a las entidades rurales se dio a pocas jornadas de un encuentro entre el ministro Luis Caputo y la dirigencia del campo.
Los ruralistas ya le habían hecho llegar al Gobierno distintos estudios dando cuenta de la situación difícil del sector, en medio del atraso del tipo de cambio y la caída en los precios internacionales de los productos, sobre todo de la soja.
La incipiente falta de agua en la zona núcleo, incluso, ponía en una situación dramática a vastos sectores del agro, que veían peligrar la producción y la mencionada rentabilidad.
Hubo dos voceros clave que en las últimas semanas le hicieron escuchar la advertencia de los productores rurales directamente a Javier Milei: uno fue el presidente de la Rural, Nicolás Pino. El otro fue el consultor Salvador Di Stéfano, que tiene un vínculo cercano con el jefe de Estado.
Para el Gobierno, este gesto fiscal -avalado por el Fondo Monetario- implicaría la llegada de dólares al Banco Central.
De hecho, la medida incluye la obligación para las exportadoras de liquidar los dólares en la ventanilla del BCRA en menos de 15 días desde la declaración de la exportación.
El costo fiscal de la medida
Las primeras estimaciones de las consultoras económicas mencionan que la rebaja de las alícuotas tendrá un impacto mínimo, en torno al 0,1% del PBI en estos seis meses de vigencia.
Hay que recordar que el Gobierno viene de asegurar un superávit fiscal de 0,3 puntos del Producto, con lo cual ahora estaría destinando una parte de ese registro a mejorar las cuentas a los productores.
Durante esta primera parte del año, incluso, podría tener una mejora en la recaudación, a pesar de la rebaja de las alícuotas. El problema podría surgir a partir del mes de julio.
La otra cuestión, tal vez la más relevante de esta medida es que, a cambio, el Gobierno se podrá asegurar la liquidación de divisas en momentos en que está abierta la negociación con el Fondo Monetario.
Primera reacción: cautela de las cerealeras
La primera reacción de las cerealeras exportadoras fue de cautela.
Gustavo Idígoras, titular de CIARA -la cámara del sector- señaló dijo que si bien la baja de las retenciones es un hecho sumamente positivo e importante y lo valoramos muchísimo» (nosotros) «tenemos que ver la letra chica de la baja de derechos y cómo se va a aplicar y qué tipo de compromisos o condiciones tiene dicho decreto».
La norma recién se conocería el próximo lunes. «Vamos a esperar a ver los contenidos al mismo para ver cómo va a reaccionar el mercado, pero naturalmente siempre damos la bienvenida a cualquier baja de retenciones», concluyó el directivo.