POLÍTICA
Este incremento se daría en medio de proyecciones de inflación para el 2025 que estarían entre el 25 y 30%.
El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, enfrenta una creciente polémica por su incongruente postura fiscal. Mientras exige al Gobierno nacional que elimine las retenciones al sector agropecuario, su administración avanza con un impuestazo que afecta gravemente al mismo sector en la provincia.
Este doble discurso ha generado el rechazo de diversas entidades rurales y de referentes políticos.
Una suba desproporcionada del Impuesto Rural
El presupuesto provincial para 2025, con media sanción de la Unicameral, incluye una “actualización” del Impuesto Inmobiliario Rural de hasta el 180%. Este incremento, desmedido en comparación con la inflación proyectada para 2025 (25-30% según consultoras privadas), ha puesto en estado de alerta a las entidades rurales.
| La Derecha Diario
La Sociedad Rural de Jesús María calificó esta medida como un ataque al sector en su comunicado: “Impuestos provinciales: Nada cambia, aunque quieran que parezca”. Asimismo, las Rurales del Arco Noroeste declararon el «estado de alerta y movilización», advirtiendo que estas políticas fiscales ponen en peligro la subsistencia de las unidades productivas más débiles.
Críticas desde el oficialismo
El rechazo no solo proviene del agro. Gabriel Bornoroni, presidente del bloque de La Libertad Avanza en Diputados, arremetió contra Llaryora en X, ex Twitter:
«En Córdoba el gobierno provincial tiene agencias y ministerios que no dejan de gastar sin control. 18 MIL MILLONES DE PESOS tiene de presupuesto la Agencia Córdoba Turismo y los usan para hacer campañas ridículas», aseguró.
| La Derecha Diario
«Este año subieron ingresos brutos y el impuesto inmobiliario rural. Los municipios que ustedes gobiernan van a la justicia para seguir cobrando tasas en las facturas de servicios«, continuó.
Finalmente, Bornoroni concluyó: «La gente ya no le cree más a la casta. Los argentinos saben muy bien quiénes son los que están trabajando para bajar impuestos y quiénes no».
¿Defensor del campo o enemigo?
La Sociedad Rural de Córdoba también expresó su indignación en un documento que critica directamente a Llaryora por posar como aliado del sector agropecuario mientras promueve un impuestazo que lo golpea duramente. Para muchos, estas acciones evidencian una hipocresía política que agrava la desconfianza hacia su gestión.
Mientras Llaryora exige al Gobierno nacional que alivie la presión fiscal sobre el campo, aplica medidas provinciales que contradicen su propio discurso. Este doble estándar ha despertado una ola de críticas y movilización en Córdoba.
➡️ Argentina ➡️ Política
Más noticias: