El Poder Judicial cuenta con 1.002 cargos de jueces nacionales y federales. De ese universo de sillones en diversos fueros, 305 puestos están vacantes. Es un porcentaje sin precedentes y uno de los temas más acuciantes para el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatt-, quien además, preside el Consejo de la Magistratura, el órgano responsable de realizar los concursos, evaluarlos y confeccionar las ternas que después se remiten al Poder Ejecutivo Nacional. Este jueves se enviaron 23 ternas más al Gobierno, que ya acumula 184 sin enviar aún al Congreso.
Ninguna de las ternas aprobadas esta semana corresponde a los cargos sin cubrir en Comodoro Py, el fuero al que más atención le presta la política ya que allí se investiga la corrupción, el lavado de activos y el narcotráfico.
Los Tribunales de Retiro son una muestra elocuente de la grave situación: en instrucción hay jueces que cubren tres despachos, más el que les corresponde como titular. Tal es el caso de Ariel Lijo, el candidato de Javier Milei para integrar la Corte Suprema. Si logran saldar la discusión política para que él junto a Manuel García-Mansilla obtengan la mayoría especial (dos tercios del Senado) que se requieren para la designación de un ministro del máximo tribunal, en Comodoro Py habrá cinco juzgados vacíos sobre un total de doce.
La situación se replica en otros fueros e instancias: Cámara revisoras, Tribunales Orales, juzgados electorales, civiles, y el listado continúa.
El Consejo de la Magistratura es el primer eslabón en el largo recorrido que recorren las ternas. El órgano presidido por Rosatti es el responsable de confeccionar los exámenes para cada cargo, armar los jurados que los evaluarán teniendo en cuenta no sólo la evaluación escrita sino también, los antecedentes. Después, viene la etapa de las entrevistas personales para que luego la Comisión correspondiente apruebe el informe y realice la elevación de las ternas al plenario.
Cuando se recibe el dictamen de la Comisión junto al expediente del concurso, se convoca a una audiencia pública y finalmente se lleva adelante la votación de las ternas para la cobertura de cargos. Allí concluye la tarea del Consejo de la Magistratura.
En lo que va del año, en total, tras ese recorrido administrativo se remitieron 96 ternas al Poder Ejecutivo, que es el responsable de seleccionar a uno de los tornados para cada puesto y enviar su pliego al Congreso para que allí, en la Comisión de Acuerdos, se trate para que después ingresen al recinto y se proceda con la votación que es por mayoría simple. Cuando ese paso se cumple, vuelve a manos del presidente para su promulgación t publicación en el Boletín Oficial.
Parte del recorrido que una terna realiza depende de la política. Los pliegos que tiene su poder el gobierno de La Libertad Avanza no serán diligenciados al Congreso pese a los anuncios realizados el 6 de noviembre por parte del vocero presidencial, Manuel Adorni, y el Secretario de Justicia, Sebastián Amerio.
En consecuencia, en el Senado no ingresó ninguno de los más de 232 pliegos que tiene el Gobierno (incluyen jueces, fiscales y defensores). A la fecha, según los números oficiales, en el Poder Ejecutivo hay 184 pliegos de jueces, que representan el 60% de las vacantes del Poder Judicial.
Además, hay otras 121 ternas que permanecen en el Consejo de la Magistratura, es decir, un 40% de las vacantes. Todas se encuentran con el trámite iniciado en diversas instancias.
Con la negociación trabada con el kirchnerismo para que sus senadores -que tienen el bloque más grande- acompañe la votación de los pliegos de Lijo y García-Mansilla, el envío de los más de 200 pliegos de jueces y fiscales pasó para el 2025.
Hace un año, cuando Milei asumió, su ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona retiró del Congreso 62 pliegos de jueces, juezas, fiscales y defensores.
Pese al tiempo transcurrido, ningún pliego volvió a ser remitido para poder avanzar en la cobertura de los cargos, pese al anuncio oficial de principios de noviembre. La práctica es habitual. Alberto Fernández cuando llegó a la Casa Rosada retiró 200 pliegos que ingresaron al Senado antes de que Mauricio Macri finalice su mandato.