La Superintendencia de Salud encontró irregularidades en el manejo de recursos durante su intervención en la EPS Coosalud, en Cartagena. De acuerdo con Giovanni Rubiano García, superintendente Nacional de Salud, la prestadora de servicios firmó un contrato de crédito por valor de $221.000 millones con el Banco GNB Sudamérica S.A., asumiendo el rol de fiador para la empresa Coosalud Inversa S. A. S.
Para el funcionario, este accionar constituye un delito, puesto que fueron utilizados recursos públicos con el propósito de respaldar una obligación privada, en vez de ser ejecutados en la salud de los colombianos, por lo que, a su juicio, la entidad está jugando con las vidas de sus afiliados.
Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.
“Cada peso que se da para la corrupción es una vida que se pierde. Cada peso que se desvía inadecuadamente es un servicio que no se atiende, es un medicamento que no se otorga. Aquí estamos hablando de recursos públicos de la salud usados para cubrir deudas de un privado”, sostuvo Rubiano García.
En medio del escándalo, el presidente de la República, Gustavo Petro, cuestionó a la junta directiva de la Entidad Promotora de Salud y solicitó a la Fiscalía General de la Nación investigar a fondo los hechos para encontrar a los culpables de la pérdida de los multimillonarios recursos destinados a la salud de los colombianos.
“¿Quiénes eran miembros de la junta directiva de la EPS? Un hermano de Andrés Pastrana, un hermano de Pacho Santos, y un hermano del defensor del pueblo Negret. Le solicito a la Fiscalía General de la Nación iniciar las investigaciones contra el señor Gonzales y los miembros de la junta directiva”, indicó en su cuenta de X.
Mientras avanza la investigación, se conoció la carta que envió el Banco Sudameris a Coosalud EPS para anunciar el término del préstamo, que data del 7 de diciembre de 2022.
La entidad financiera informó a la junta directiva de la aseguradora que se había incumplido en los pagos del crédito que solicitaron, por lo que realizaron el cobro de la deuda, que ascendía a más de $221.000 millones, incluyendo capital e intereses.
Como consecuencia, “amablemente solicito se proceda según lo establecido en los Contratos de Fiducia, se informe al Fideicomitente sobre la notificación de incumplimiento y requerirles que aporten los recursos necesarios para cubrir el pago total de los créditos vinculados y garantizados por los Fideicomisos, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación”, se lee en el documento.
Por otro lado, mientras avanzan las investigaciones, el Ministerio de Salud, representado por Enrique Salas, director jurídico de la entidad, pidió al órgano de control ser considerado víctima en el caso, por las presuntas irregularidades en el manejo de los recursos públicos de la salud en EPS Coosalud.
Entre sus principales argumentos señalaron que la pérdida de estos recursos son un accionar grave por parte de una EPS. Además, la entrega del dinero tiene una incidencia directa en el Presupuesto General de la Nación, así como en la prestación del servicio de salud a los habitantes del territorio nacional por el que la cartera tiene la obligación de velar.
“Se padece un perjuicio grave por el actuar de la EPS, ya que esta presuntamente destinó recursos públicos de salud a asuntos totalmente ajenos, tal y como es el pago de deudas privadas. Lo anterior repercute directamente en el Presupuesto General de la Nación manejado por esta cartera ministerial y por supuesto en la prestación del servicio a la salud”.