septiembre 22 10:27 2024 Imprimir noticia
Nación pidió a provincias un ajuste de USD 20 mil millones. ¿Qué implicaría en los números provinciales esa disminución del gasto? ¿Queda margen para ajustar? Contradicciones de LLA y del PJ riojano. El debate: es la política y no la economía el problema.
El presidente de la Nación -Javier Milei- realizó la presentación del presupuesto nacional 2025 y en ese marcó le pidió a las provincias un ajuste de 60 mil millones de dólares. «Nosotros ya hemos cumplido nuestra parte del acuerdo. Ahora faltan ustedes», dijo el mandatario nacional el domingo pasado.
Sin embargo, menos de 12 horas después, el Jefe de Gabinete, el ministro de Economía y el diputado nacional José Luis Espert precisaron que se trataba de 20 mil millones de dólares la disminución en el gasto que se les solicita a las provincias para el próximo año.
Más allá de las variaciones e imprecisiones de la postura oficial sobre un tema tan sensible (en medio día bajaron en un tercio el ajuste pedido), si se toma en cuenta que La Rioja recibe el 2% de la coparticipación nacional, se podría considerar como referencia que de esos 20 mil millones de dólares La Rioja debería aportar un ahorro de unos 400 millones en la moneda extranjera aproximadamente.
¿Qué implica ese número en las cuentas provinciales?
Mensualmente La Rioja está recibiendo en promedio entre unos $60.000 o $70.000 millones en concepto de coparticipación, con algunos meses excepcionales por encima de esa cifra. Es decir que tomando el dólar oficial, un ajuste como el requerido es el equivalente a unos cinco o seis meses de coparticipación completa.
En tanto que con respecto a la grilla salarial de la Provincia, sin tomar el monto que se paga en bonos “Chachos”, el achique pedido implica unos siete meses de sueldos estatales. La provincia está gastando $55.000 millones en su grilla salarial (incluyendo el incremento que se conoció esta semana).
No solamente es un ajuste monumental para La Rioja, sino que también para el resto de las provincias.
Quien lo expuso de manera muy clara fue Miguel Ángel Pichetto, presidente del bloque de diputados nacionales de «Hacemos Federal». «El planteo del presupuesto para las provincias es inviable, hablaban de 60 mil millones de dólares, con ese número las provincias desaparecen», indicó haciendo referencia a la primera afirmación del presidente de la Nación. Pichetto fue un hombre clave para la sanción de la Ley bases que logró la “Casa Rosada” hace un par de meses y aportó muchos votos en aquel momento.
En ese punto, una duda lógica que surge es si realmente el Gobierno nacional quiere que el presupuesto se apruebe.
El interrogante se genera porque en caso de no sancionarse, nuevamente sería reconducido -por segundo año consecutivo- y entonces el Estado nacional tendría el beneficio de tener una mayor discrecionalidad en la distribución de los recursos y además los índices estarían todos subvalorados por el efecto de la inflación acumulada en los últimos 24 meses.
El otro elemento es político. «Si no le aprueban el presupuesto y la economía sigue sin arrancar, tendrán como excusa que la culpa es de la casta que no le aprobó el presupuesto», analizaba esta semana alguien con llegada directa al Congreso.
Por otra parte, hay una pregunta incómoda para el Gobierno provincial y es cómo sobrevivió financieramente en este 2024.
El propio oficialismo denuncia una deuda de la Nación con la Provincia por cerca de 300.000 millones de pesos. Sin embargo, los sueldos se pagaron (con algunos aumentos) y el estado de funcionamiento de sistemas como el educativo o el sanitario se mantuvo en situaciones similares a los que existían en el año 2023. Inclusive se congelaron algunos aumentos de energía aplicados por Nación.
En ese sentido, hay un tema del que se habla poco pero que puede tener implicancias muy graves. La Provincia está subsidiando a los consumidores para que el aumento de energía no golpee tanto en los bolsillos. Derivado de esa decisión, surge que CAMESSA ya judicializó una deuda millonaria de EDELaR. ¿Hasta cuándo se podrá mantener el subsidio provincial de la electricidad?
Claramente la obra pública, los pases a planta permanente que se suspendieron y el gasto social fueron los grandes afectados en la restricción del gasto provincial.
¿Pero cómo se pudo mantener el funcionamiento si los recursos que llegaron fueron sensiblemente inferiores? Al Gobierno provincial le falta exponer con mayor claridad estos números y despejar dudas.
También hay claras contradicciones en la postura de “La Libertad Avanza”.
El diputado nacional Martín Menem dijo en “Radio Fénix”: “No hay que echar a nadie, los que se tienen que ir son los funcionarios”. Aclarando que el ajuste pedido no implica despidos de personal en la Administración pública provincial.
Sin embargo, el diputado nacional y asesor directo del presidente, José Luis Espert, afirmó en referencia al pedido de ajuste de las provincias: “Acá lo que tiene que venir es un gran ajuste del empleo público en provincias y municipios”.
¿A quién de los dos le creemos?
En estos momentos el Gobierno provincial enfrenta conflictos salariales con los docentes (advertir sobre descontar el día no trabajado fue echar nafta al fuego) y con los empleados públicos en general (aunque en este último caso los gremios del sector no logran canalizar los planteos y siguen siendo los grandes ausentes en este debate).
Sin embargo, en esas discusiones el reclamo de los empleados públicos no se centra nunca en el Gobierno nacional.
«En las charlas que tenemos con los trabajadores hay muchísima bronca, hay una calentura como pocas veces vi, pero casi nunca mencionan a Milei o el Gobierno nacional. Siempre es contra Quintela, la gente reclama aumentos de sueldos, dice que la plata no le alcanza, pero nunca lo relaciona con el ajuste del Gobierno nacional», me explicaba esta semana un gremialista.
En la misma semana que el Gobierno provincial aumenta los sueldos (sin dudas poco ante la magnitud del proceso inflacionario), el Estado nacional promueve despidos de trabajadores estatales en la Provincia como ya lo hizo en la administración pública federal. Pero la comunidad estatal riojana no parece estar tan molesta con la gestión nacional como si lo está con la administración peronista local.
¿Entonces?
La campaña que llevó a la presidencia de Estados Unidos a Bill Clinton se centró en una frase que pasó a la historia: “Es la economía estúpido». En aquel momento se la utilizó para explicar el problema que enfrentaba en esos años el país que gobernaba George Bush padre. Y la afirmación se volvió un lugar común que desde hace 30 años usamos periodistas, políticos y politólogos.
Quizás tres décadas después en Argentina debamos reformular ese axioma y empezar a pensar que el problema “es la política estúpido».
Todos los indicadores económicos de consumo empeoraron desde diciembre del 2023 y el Gobierno nacional pide un nuevo ajuste. Sin embargo, el malestar económico colectivo se orienta hacia el Gobierno provincial, porque el problema quizás no es económico sino político, es la falta de credibilidad que afecta a unos y no tanto a los otros.
Y allí hay otro elemento: reconocer el error.
Esta semana en una mesa de debate político un sociólogo marcaba un elemento interesante para pensar y es que a las sociedades no les resulta tan sencillo reconocer que se equivocaron.
La legitimidad no es eterna y en un país tan intenso/generoso como Argentina no hay verdades ni paradigmas políticos/económicos cuya vigencia podamos asegurar que estarán vigentes en el tiempo por siempre.
En noviembre del 2023 una amplia mayoría de los riojanos votaron a Javier Milei para que el ajuste lo pague la casta, para cobrar en dólares, para que su sueldo les alcance para comprar más cosas, en síntesis para vivir mejor. Nada de eso pasó hasta ahora, pero esa factura política todavía no se la están cobrando al Gobierno nacional.