El viernes pasado en la reunión del IAEF en Mendoza, el ministro de Transformación y Desrregulacion Federico «El Coloso» Sturzenegger dio a entender a los ejecutivos de finanzas que lo escuchaban, que estaba molesto por no haber podido incluir en la Ley Omnibus presentada en enero en el Congreso su intención de desregular y transformar a la actividad pesquera.
Por qué Sturzenegger buscará reformar el régimen de pesca
Hay que recordar que el 31 de enero pasado, luego de una gran presión de las empresas del sector, y de algunos diputados, senadores, intendentes y gobernadores, las reformas y desregulaciones que se planteaban en la llamada «Ley Ómnibus» quedaron afuera.
A pocas horas desde que comenzara la sesión en la Cámara de Diputados por el proyecto de «Ley Omnibus», que contenía entre decenas de artículos la reforma del Régimen Federal de Pesca, se confirmó que quedaban afuera los incisos del 211 al 220 que impactaban en esta industria.
Entre los principales negociadores para evitar la desrregulacion del sector estuvieron el Gobernador de Chubut Ignacio Torres, el intendente de Mar del Plata Guillermo Montenegro y el senador marplatense Maximiliano Abad.
Los aspectos cuestionados eran la quita de atribuciones al Consejo Federal Pesquero. Además, en la propuesta del Proyecto de Ley Ómnibus se modificaba el criterio de asignación de cuotas de pesca.
Estas se asignarían por buque con base en una serie de criterios objetivos contenidos en una ecuación: mano de obra empleada, inversiones, historia de captura del buque e historial de infracciones.
En la negociación de ese Proyecto de Ley Ómnibus, Sturzenegger junto al asesor presidencial Santiago Caputo, chocaron con un sector del gobierno, que junto a empresarios del sector, diputados y senadores, buscó mantener el statu quo de la pesca y sobre el que ahora empiezan a caer algunas sospechas de manejos poco transparentes.
«En la Ley Omnibus planteamos muchas cosas y que no salieron, pero nosotros no sentimos que eso fue ocioso; les voy a dar un ejemplo, nosotros planteamos una reforma al régimen de pesca, no me agarren con eso porque me vuelvo loco, ¿ok?», dijo el ministro en su presentación en el IAEF.
«Miren cómo quedé con el tema de la pesca», dijo acariciándose su cabeza como para indicar que pasó por un proceso tortuoso. «Acá en Mendoza si sacas petróleo, pagás una regalía de 15%, los pesqueros pagan 0,15 %» dijo Sturzenegger.
Y se quejó: «Es una larga historia, no tengo tiempo, pero es obvio que es un escándalo y el recurso natural de todos los argentinos y lo sacan gratis. Lo bajan en el puerto, se nos matan de risa y lo sacan, con nuestros pescados».
Sin emabrgo, reconoció: «Tuvimos una pelea, planteamos un cambio, que las cuotas de pesca se tenían que licitar, algo totalmente obvio, entre los pesqueros argentinos pero nos pasaron por arriba. Yo creo que no conseguía ni un solo voto«.
«Pero ayer, el secretario Juan Pazo subió ese 0,15 a 2,5 % lo que tienen pagar los empresarios pesqueros, lo multiplicó por ocho veces y eso en parte es producto del debate que nosotros tuvimos en enero», dijo Sturzenegger.
En este caso Sturzenegger hizo referencia a la reciente decisión que tomó el jueves el Consejo Nacional de la Pesca, por una orden del ministro de Economía Luis Caputo, que además dejó para el próximo 18 de septiembre el reparto de las cuotas de merluza aplazado para la próxima reunión del Consejo Federal Pesquero, por las tensiones que surgieron en el sector por las presuntas maniobras que surgieron para distribuir entre las provincias del litoral marítimo las toneladas de merluza hubssi a distribuir para los próximos 15 años.
De acuerdo a algunos comentarios de hombres de finanzas que estuvieron en ese evento, al parecer Sturzenegger buscará nuevamente transparentar el sistema y modificar el régimen de pesca que se rige por las llamadas Cuotas Individuales Transferibles de Captura (CITC) que las empresas explotan por períodos de 15 años.
En el sector pesquero admiten que la discusión por las cuotas para la pesca de merluza hubbsi siempre fueron las más complicadas pero que, ahora, existe un clima de tensión inédito a partir del de un presunto pedido de dinero extra de un operador político que se habría presentado como representante de un funcionario del Gobierno.
Un pedido de coima de u$s15 millones
En el evento del IAEF de Mendoza los expertos en finanzas hicieron muchos comentarios sobre los rumores de un presunto negociado en el sector pesquero que involucraría a un operador político que se habría presentado como representante de un funcionario del Gobierno frente a un grupo de empresarios pesqueros para solicitarle un dinero extra para favorecer algunas operaciones de pesca de merluza. Este extraño episodio fue revelado hace semana por el portal LPO y ampliado la semana pasada en la Revista Puertos.
Estos comentarios también habrían llegado a oídos de funcionarios de la embajada de los Estados Unidos en nuestro país a cargo del embajador Mark Stanley un hombre que tiene muy buena relación con el presidente Javier Milei.
Casualmente la denuncia de corrupcion habría llegado a oídos de la la embajada de los Estados Unidos a través de un emisario del empresario pesquero marplatense Antonio «Toni» Solimeno, quien se habría negado a pagar un pedido de 100 dólares por cada tonelada de merluza hubssi que se capture. Se habla de un total solicitado al sector de unos 15 millones de dólares para utilizar el llamado canal verde.
El hecho, que reflejaron el portal La Política Online y la Revista Puertos, habría ocurrido la semana pasada.
El lugar de la reunión habría sido el tradicional café «Florida Garden» en la esquina de las calles Paraguay y Florida en la Ciudad de Buenos Aires, allí los empresarios pesqueros habrían recibido un pedido de dinero extra con un monto por tonelada según el tipo de merluza.
El aporte voluntario que deberían hacer las 12 empresas presentes en la reunión ascendía a un porcentaje de 15 dólares por tonelada de merluza hubssi, un monto total de unos 15 millones de dólares.
El problema, es que, de acuerdo a la ley actual, las empresas pesqueras tienen su cuota de pesca asignada, con lo cual el pedido de dinero extra no sería a cambio de ninguna facilidad ni privilegio, sino a para no poner en marcha una nueva ley para desregular el sector en caso que las empresas no pagaran ese monto.
Lo que llamo la atención de los empresarios, habría sido la aparición de un supuesto enviado del Gobierno que reclamó que se designe a un interlocutor de los empresarios para acelerar las charlas y el pago de ese dinero extra para frenar las nuevas desregulaciones al sector que propone Sturzenegger.
La actitud de esa persona alarmó a los presentes y habría sido lo que motivó la queja en la embajada de los Estados Unidos en Argentina de una empresa pesquera española que es socia de fondos norteamericanos. El pedido de dinero extra no habría sido por el otorgamiento de la Cuota Individual de Transferencia de Captura, cuyo reparto ya está planteado en la ley.
Al respecto el periodista especializado en pesca, Guillermo Nahum, dio detalles sobre el caso desde la Revista Puerto y en declaraciones radiales posteriores el jueves pasado.
Nahum aseguró que «este conflicto tiene detrás un enorme problema macroeconómico que el gobierno no está pudiendo normalizar, pero que también hay interés del sector financiero en el sector pesquero que no es algo que siempre ocurra, lo cual genera tensiones».
También mencionó que «si ahora se está dando a conocer es porque hubo empresarios que no quisieron pagar al estar regulada por ley la Cuota Individual de Transferencia de Captura. Luego, el Consejo Federal Pesquero también está bajo la lupa».
«El sector pesquero no es la mafia que quieren instalar», aclaró en primer lugar Nahum para luego explicar la denuncia.
«En la cuota que se vence a fin de año y que fue otorgada por 15 años en 2009 la ley prevé cómo repartirlas y nadie pagará para que le den lo que le corresponde, para pasar el semáforo en verde».
Según el periodista «está parece ser una operación de algún país en defensa de sus empresas, con una nota sin datos y medias verdades que, sin embargo, destapa un escándalo que es cierto»
Las cuotas «las estipula la Ley Federal de Pesca, lo resuelve el Consejo Federal Pesquero compuesto por el Poder Ejecutivo y las cinco provincias del litoral marítimo y lo controla la autoridad de aplicación que es la Subsecretaría de Pesca de la Nación», resumió el periodista.
Nahum sostiene además que «con la gestión Milei ocurrió la irrupción solapada de un grupo de operadores que convocaron a referentes del sector a distintas reuniones diciendo que actuaban en representación de un operador político relacionado con un funcionario del Gobierno.
Y agregó que «la cosa se puso fea porque algunos empresarios se negaron a pagar; y dicen que el primero que dijo «no» fue el empresario pesquero marplatense Antonio «Tony» Solimeno quien además es el dueño de una de las pesqueras más grandes del país.
«Lo que hizo más ruido fue la negativa del Grupo Iberconsa porque el rumor llegó a la embajada de los Estados Unidos» destacó Nahum.
El Grupo Iberconsa, es propiedad del fondo Platinum Equity, con origen en los Estados Unidos y, por lógica, con vinculaciones con la embajada de ese país,
La Revista Puerto cierra el círculo de la supuesta maniobra de pedido de dinero extra o de una coima citando a Sturzenegger al afirmar que «el supuesto pedido de coima no sería para dar algo que no corresponde, y sería en todo caso un apriete de un ala del Gobierno con la amenaza de que, si no pagan los solicitado, le van a dar vía libre a las pretensiones de Milei y Sturzenegger para desregular la actividad y licitar internacionalmente las cuotas y hacer desaparecer a gran parte del sector pesquero»
En el sector existe el temor que, en medio del escándalo por pedido de dinero extra, el Gobierno, a través de su ministro de Transformación y Desregulación Federico Sturzenegger, busque avanzar con un esquema de licitaciones para el reparto de las cuotas y no que se haga, como ahora, en base a criterios históricos, inversiones y generación de empleo de quienes ya operan en la actividad pesquera.