El proyecto que modifica la fórmula de movilidad de las jubilaciones, que el Senado se encamina a aprobar por impulso de la oposición y contra la resistencia del Gobierno, contempla al menos cuatro cambios importantes para la situación actual de los haberes, entre los que se destaca como el más inmediato un aumento de 8,1%.
La iniciativa fue aprobada en junio por la Cámara de Diputados a partir de un acuerdo entre el kirchnerismo, la UCR y el bloque de Miguel Pichetto, y ahora se prevé que una mayoría opositora en el Senado lo convierta en ley, a pesar de que el presidente Javier Milei adelantó que la vetaría porque afecta su plan de «equilibrio fiscal». La oposición, en tanto, ya adelantó que buscaría revertir el veto en el Congreso. Es la pulseada que se viene.
Sin embargo, los cambios que tendría la fórmula de movilidad son en buena medida positivos para los jubilados. El eje central del decreto que firmó Milei en marzo pasado, que es la actualización mensual de los haberes en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC), se mantendría en la nueva ley, si se aprueba.
No obstante, se agregaría una recomposición de los haberes por la inflación de enero, que fue del 20,6%, dado que el decreto del Ejecutivo contempló solo un aumento por poco más de la mitad de aquel índice, el más alto del año.
Aumento jubilaciones: ¿cuáles son los cuatro cambios principales que propone la oposición?
De esta manera, el primero de los cambios importantes que generará la iniciativa opositora sobre la situación actual de las jubilaciones es un aumento del 8,1% que se sumará al 12,5% que otorgó el Gobierno por enero, para de esta manera cubrir la totalidad de la inflación de ese mes.
El segundo cambio clave será que el haber mínimo no podrá ser nunca inferior al valor de la canasta básica total de un adulto multiplicado por 1,09. Según el último dato de julio, la canasta se encuentra hoy en $291.471,73, por lo que el nuevo piso para las jubilaciones debería ser $317.704,19. Siempre y cuando Milei no decida vetar completamente la ley.
Esto sería un aumento bastante significativo si se tiene en cuenta que en julio el haber mínimo fue de $215.581, más un bono de $70.000, lo que llevó la jubilación mínima a $285.581.
No obstante, uno de los puntos más importantes -por su impacto hacia adelante- es el aumento adicional que contempla el proyecto para el mes de marzo de cada año, en un 50% de la variación del índice RIPTE (evolución del salario promedio del sector formal) por sobre la variación del IPC del último año anterior, siempre que ésta sea positiva.
Por último, el cuarto cambio relevante no involucra a los jubilados directamente sino que se trata de una discusión entre el Gobierno nacional y los gobernadores, y se trata del plazo de seis meses para que la Nación cancele las deudas con las cajas jubilatorias provinciales no transferidas.
La deuda con las cajas provinciales, en el eje del posible veto de Milei
Este tema es uno de los que más irrita a Milei y los funcionarios que mantienen el diálogo entre la Casa Rosada y los gobernadores, como el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Les molesta que ese punto se haya incorporado a la ley cuando esta administración recién arranca y la deuda es muy anterior.
Las provincias que no transfirieron sus cajas previsionales a la Nación son Buenos Aires, Córdoba, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego y Corrientes. Casi todas tienen sentencias judiciales firmes que obligan a la Nación a pagar esa deuda.
Este fue uno de los puntos que el Gobierno buscó sin éxito modificar en el Senado, en un intento por demorar la sanción de la ley y suavizar su impacto fiscal. El secretario de Hacienda, Carlos Guberman, le advirtió a los senadores que el cumplimiento de ese artículo llevaría a que el Estado «tenga que salir a emitir deuda».
Además de rechazar ese punto, el oficialismo también criticó el aumento adicional anual con el argumento de que pondrá en riesgo la sustentabilidad del sistema previsional. Solo aceptó la recomposición del 8,1%, pero se opuso a que sea retroactiva.
Sin embargo, no logró evitar que el proyecto avance y por eso el Gobierno ratificó la intención de vetar la ley y dar la discusión pública con los legisladores a los que Milei calificó como «degenerados fiscales».
La ley que modifica la fórmula de movilidad de las jubilaciones se encamina así a una pulseada política con argumentos económicos, si el Senado finalmente la aprueba. Se verá en las próximas semanas si Javier Milei termina pagando un costo político-social por anular el aumento o si, en cambio, recurre a un veto parcial que les deje al menos una leve mejora a los jubilados.