El consejo directivo de la Asociación Bancaria (AB) y las cámaras empresarias públicas y privadas acordaron un nuevo aumento salarial para agosto, que comenzará a cobrarse en los próximos días. Sin embargo, a mediados del mes próximo la organización gremial y las patronales volverán a reunirse para estimar una suba que estará relacionada con el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Cuando se selló la mejora, el sindicato informó que era «equivalente a la inflación de junio, sobre los sueldos de mayo para todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, remunerativas y no remunerativas, incluyendo los adicionales convencionales y no convencionales».
Asimismo, explicó que «por lo tanto, se deberá pagar la diferencia que surja entre la inflación acumulada entre los meses de enero a junio inclusive (79.8 por ciento), tomando como referencia los salarios de diciembre de 2023, y los incrementos ya otorgados durante este año (71.9 por ciento)».
Cómo quedó el «sueldo conformado» y el Día del Bancario
En lo que va del año, la negociación mensual les ha dado resultado a ambas partes, ya que el personal bancario logra sostener el poder adquisitivo a pesar de los números inflacionarios en tanto que los empresarios se evitan un escenario de conflictividad con medidas de fuerza que afecten los servicios y la atención al público.
Como sucede habitualmente, las negociaciones se llevaron a cabo entre los paritarios de La Bancaria y los representantes de en el marco las cámaras de la actividad pública y privada (ABAPPRA, ADEBA y ABA) el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y se dan «frente al proceso inflacionario que atraviesa el país», apuntó la organización gremial.
Con este incremento, los ingresos de un empleado o empleada estarán compuestos de la siguiente forma:
Salario inicial: $1.296.473, 39.
- Participación en las ganancias (ROE) $46.847,36.
- Salario conformado: $1.343.320,75.
- En cuanto al monto por el Día del Bancario, hoy es de $1.155.761,17, que se corrige por inflación y se abona el 6 de noviembre.
Bancarios: avisan que los retiros voluntarios son «despidos encubiertos»
Amén del acuerdo salarial, la conducción de La Bancaria advirtió al gobierno y a los empresarios sobre la situación que atraviesa el país en general, y en particular en la actividad. Por lo tanto, un congreso del gremio facultó al consejo nacional a exigir el «inmediato cese de los despidos encubiertos en retiros voluntarios que, en realidad son forzados, mediante los cuales diversas entidades privadas están descartando trabajadoras y trabajadores» e iniciará «acciones legales ante la inconstitucional reimposición del impuesto al salario (ganancias)».
Anunció que continuarán «las acciones en defensa del poder adquisitivo de los haberes de nuestras jubiladas y jubilados, y del Sistema previsional de reparto», al tiempo que seguirán «promoviendo la reversión de la terapia de choque y regresión socio económica del presidente Milei en una acción conjunta con el Movimiento Sindical, las Organizaciones Sociales, los Organismos de Derechos Humanos, y todos los sectores comprometidos con la causa de la Justicia Social y el Interés Nacional».
Apuntó que también reclama «el reconocimiento de la emergencia alimentaria que sufren millones de compatriotas, la reanudación de la asistencia a los comedores populares y reclamar un programa de precios justos de consumos y servicios esenciales».
Rechazo a los acuerdos con el FMI: piden una reforma financiera
El gremio que encabeza Sergio Palazzo advirtió que «el cumplimiento del insustentable e injusto acuerdo con el FMI, lleva nuevamente al quebranto a la Argentina, a la destrucción del entramado socio productivo de nuestro país, con consecuencias sociales irreversibles de seguir en este camino de violencia económica» y solicitará «la reiniciación de las investigaciones ya promovidas en el Congreso de la Nación o por el Poder Ejecutivo en la Justicia, sobre las irregularidades en la gestión de la deuda y sus beneficiarios».
Planteó además «la necesidad de una urgente reforma financiera, incluyendo: La derogación de la vieja ley de entidades financieras y su sustitución por una Ley de Servicios Públicos Financieros, la revisión de las regulaciones del Banco Central que se corresponden con las denominadas Normas de Basilea, la derogación de las Circulares del BCRA A 5983, A6354 , sus modificatorias y toda otra normativa que habilite tercerizaciones, externalizaciones de servicios o agencias complementarias, y la eliminación de la anacrónica diferenciación entre entidades bancarias y no bancarias».
A esto sumó: «Regulaciones sobre seguridad para la actividad financiera, las entidades, sus trabajadores y los usuarios, coherente con los riesgos sistémicos que implica la introducción masiva de inteligencia artificial y las debilidades de las redes de comunicación». Agregó: «Una adecuada distribución de sucursales en todo el país que asegure atención humana y asesoramiento financiero al público, y que a su vez garantice la operatividad del sistema y acceso suficiente a los medios de pago en caso de acciones disruptivas de las redes digitales.
Por último, exigió «promover la sanción de una ley que garantice la privacidad de las y los trabajadores, a la par que establezca que tanto ellos como las Organizaciones Sindicales que los representan sean informados por las empresas, antes de adoptar parámetros, reglas, e instrucciones para basar los algoritmos o aplicaciones de inteligencia artificial que puedan incidir en las condiciones de trabajo que pueden violentar la plena vigencia de nuestra legislación laboral y Constitución Nacional».