Con el aval de los gobernadores opositores Axel Kicillof (Buenos Aires), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Gustavo Mellella (Tierra del Fuego), Ricardo Quintela (La Rioja) y Sergio Ziliotto (La Pampa), la Confederación de Sindicatos Industriales (CSIRA) presentó un documento sobre la situación de empresas y trabajadores de la actividad que proyecta un escenario alarmante. Del relevamiento, elaborado por 36 gremios entre 61.728 empresas de 18 sectores diferentes, surge que el 90% de las organizaciones indicaron que la situación económica de las empresas ha empeorado y que en el 80% de las compañías se redujo personal, ya sea por despidos, suspensiones o jubilaciones anticipadas. Una radiografía similar, aunque sin datos tan precisos sector por sector, le acercó un grupo de dirigentes de la CGT a por los menos tres funcionarios de la gestión de Javier Milei.
De los cinco gobernadores que asistieron al encuentro de hoy en la sede de los mecánicos del Smata, solo uno de ellos suscribió al Pacto de Mayo al que convocó la semana pasada el Presidente. Se trata del santiagueño Zamora, quien con su presencia en Tucumán puso en alerta al kirchnerismo, que lo considera un aliado. Los otros cuatro funcionarios provinciales no aceptaron las condiciones que impuso la Casa Rosada y se mantuvieron al margen de los diez puntos que Milei propuso firmar. Hoy los gobernadores reaparecieron en tropa junto con un sector sindical que tiene la influencia y la capacidad de interceder en la interna de la CGT para forzar una medida de protesta contra el Gobierno.
Participaron del encuentro, además de los cinco jefes provinciales, el secretario general del Smata, Ricardo Pignanelli, y los sindicalistas Abel Furlán (UOM), Gerardo Martínez (Uocra), Hugo Benítez (Textiles) y Walter Correa (Curtidores y ministro de Trabajo bonaerense).
El relevamiento que hizo la Confederación de Sindicatos Industriales, al que accedió LA NACION, enumeró los siguientes datos:
▪ El 90% de las organizaciones indicaron que la situación económica de las empresas ha empeorado.
▪ El 65% declararon que la caída de las ventas supera el 15%.
▪ El 40% de las empresas señala que utilizan 6 de cada 10 máquinas o menos.
▪ El 50% manifiesta un incremento de más del 30% de sus costos como consecuencia del aumento de tarifas.
▪ Cumplimiento de las obligaciones: solo el 56% de las empresas puede abonar a sus trabajadores en las fechas establecidas.
▪ El 38 % de las empresas se ve obligada a dividir los pagos durante el mes.
▪ El 95% considera que en los próximos 6 meses la situación estará mucho peor o moderadamente peor.
▪ El 65% indica que a partir de la sanción de la Ley Bases el funcionamiento empeorará, un 20% que seguirá igual y un 15% no contestó.
▪ Impacto sobre los trabajadores: el 80% de las empresas han despedido trabajadores, mientras que, solo el 20% revela no haber sufrido despidos desde diciembre a la actualidad.
▪ El 60% de los encuestados señala que sus trabajadores sufrieron algún tipo de suspensión o licenciamiento en sus trabajos: esta cifra duplica al 34.4% relevado en mayo. En cuanto a adelanto de vacaciones, en el mes de julio se relevó esta operatoria en el 65% de las empresas.
▪ Retiros voluntarios: el 80% de las empresas ha implementado esta operatoria, lo que supera el 56.5% de lo relevado en mayo.
▪ Se computa recortes en horas extra en el 90% de las empresas. Lo que significa un recorte del 30 % de las horas extras en los trabajadores.
“Lo que se ha verificado en el primer semestre es una disminución de la producción, una caída de las manufacturas de origen industrial, despidos laborales, suspensiones, retiros voluntarios, jubilaciones anticipadas, recortes de horas extra, disminución de actividades y una tendiente precarización laboral, razón por la cual la pretendida modernización laboral que impulsa el actual Gobierno se sostiene sobre un ostensible falseamiento de la realidad”, concluyeron los gremios industriales en un documento final.
LA NACION