La Sala IV de la Cámara de Casación Penal hizo lugar a la apelación presentada por la defensa de tres condenados por delitos de lesa humanidad y, en un fallo sin precedentes, modificó la carátula de la causa quitándole el hecho de que hayan sido crímenes de lesa humanidad y cambiándola a “homicidio simple”. La modificación benefició a Martín Sánchez Zinny, Emilio Morello y Horacio Linari, los tres condenados, cuyas penas además, ahora se verán reducidas por el cambio de tipificación. De la prisión perpetua que pesaba sobre ellos se pasó a condenas que oscilan entre los 8 y 25 años.
Los camaristas Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky certificaron la participación de los ex militares en los delitos que consideraron crímenes de lesa humanidad por los cuales se los condenó en el juicio llevado a cabo en 2022, pero al modificar una de las calificaciones, la tipificación del delito que se les imputa cambió.
En primera instancia, el Tribunal Oral Federal Nº 2 de la ciudad de Buenos Aires había condenado a la pena de prisión perpetua a Sánchez Zinny, Morello y Linari, por los crímenes cometidos como integrantes de la patota del Regimiento de Infantería Nº6 de Mercedes “General Viamonte” en 1976 en perjuicio de cinco militantes del PRT-ERP, absolviendo a los imputados Luis Alberto Brun y Rubén Osmar Andrade.
Los hechos juzgados ocurrieron durante dos operativos realizados el 14 de junio de 1976 en Haedo, donde fueron secuestrados Pedro Oscar Martucci y Rocío Ángela Martínez Borbolla. El otro operativo ocurrió el 10 de julio en una casa de la localidad de San Andrés,en la que fueron secuestrados y torturados Pablo Pavich y una persona sin identificar y también fue asesinado Jorge Emilio Arancibia.
«Quedó acreditado que los imputados Morello, Linari y Sánchez Zinny participaron, cada uno dentro del rol asignado, en el homicidio de Arancibia. No obstante ello, considero que la prueba producida en el debate no permite tener por acreditadas, con la certeza exigida en esta etapa procesallas agravantes previstas en los incs. 2 y 6 del Código Penal”, señaló Carbajo, con plena adhesión de los otros dos camaristas.
Por este motivo, se confirmaron las condenas de Sánchez Zinny, Morello y Linari «por el delito que por la presente se califica como homicidio simple que tuvo como víctima a Jorge Emilio Arancibia, en concurso real con los delitos de privación ilegal de la libertad cometida por funcionario público agravada por mediar violencia o amenazas en perjuicio de Rocío Ángela Martínez Borbolla, Pedro Oscar Martucci, Pablo Pavich y una persona de sexo masculino no dentificada, todos ellos en concurso real entre sí».
“Es un hecho aberrante y sin precedentes que no puede entenderse sin tener en cuenta el clima de época que estamos viviendo, impulsado, por ejemplo, por la vicepresidenta, que nos trata de terroristas a todos los familiares que exigimos justicia. Hay un creciente clima negacionista fomentado por estos sectores que se traslada a fallos como este”, afirmó a NOTICIAS Bárbara García, hija de Rocío Ángela Martínez Borbolla y una de las querellantes en la causa.
Para García el cambio de carátula y la modificación de las condenas fue un baldazo de agua fría. “Sigo shockeada por la noticia. Después de tantos años de lucha finalmente se había llegado a las condenas más de cuarenta años después y ahora borran todo de un plumazo. Yo también quiero cerrar este capítulo y vivir mi vida, pero no se puede cuando ocurren estas cosas”, reflexionó. El fallo de la Sala IV hará que el expediente retorne al Tribunal Nº 2, con la nueva calificación penal que hará que se emitan nuevas condenas. De acuerdo al Código Penal argentino, las penas por “Homicidio simple” oscilan entre 8 y 25 años.
Además de la morigeración de la pena y el cambio de carátula, para García el hecho de que la Justicia haya cambiado el fallo que condena a los responsables de la desaparición de su madre demuestra un letargo en la sociedad argentina. “Yo llevo años luchando por Memoria, Verdad y Justicia y nunca vi algo así. Pero lo peor es la inacción de muchos referentes y responsables del área de Derechos Humanos, los cuales ni siquiera mostraron indignación por el hecho”, dijo, antes de agregar que ella se había comunicado personalmente con diferentes personalidades con vínculo con estas causas, pero que ninguno había mostrado interés y que hasta le “clavaron el visto” en Whatsapp.
“Es lamentable que dejemos que sucedan estas cosas y no hagamos nada. Lamentablemente, los negacionistas, con Villarruel a la cabeza, no van a parar”, afirma García. Como último recurso, la defensa de García encabezada por el abogado Pablo Llonto pedirá una apelación extraordinaria para que la causa llegue a la Corte Suprema.
También te puede interesar
Galería de imágenes
