junio 09 10:06 2024 Imprimir noticia
Provincia intima a quienes están en la edad de jubilarse. Números que explican razones del estatal que no quiere dejar de ser activo. La promesa de Quintela, el problema que se viene en unos años y el reclamo de precarizados. Un debate de fondo que necesita política de Estado de largo plazo para ser solución y no parche.
En la Administración Pública Provincial hay 3.000 agentes estatales que están en condiciones de jubilarse y no lo quieren hacer. En ese marco, el Gobierno inició en la semana que pasó un proceso de intimación para que comiencen los trámites para dejar de ser trabajadores activos.
“Lo que vamos a hacer es poner más énfasis en notificar a todos aquellos agentes que están en condiciones de jubilarse y que han superado la edad de 65 años para hombres o 60 años para las mujeres y que no han iniciado el trámite jubilatorio”, dijo Carlos Medina, Subsecretario de Capital Humano, en “Riojavirtual Radio”.
El funcionario aclaró que la decisión del Ejecutivo solamente se refería a la Administración pública central, después cada uno de los 18 municipios puede adherir o no a la medida. En ese sentido, las autoridades del capitalino “Palacio municipal Juan Ramírez de Velasco” ya adelantaron fuera de micrófono que se sumarán a esta postura del Gobierno provincial.
La razón por la cual no se quieren jubilar los empleados públicos provinciales es bastante obvia y tiene al signo pesos como símbolo principal.
En la actualidad un pasivo cobra cerca del 55% o 60% de su salario como activo, con variaciones de todo tipo dependiendo de su historia laboral personal y los lugares en donde prestó tareas. Solamente para tener una referencia: la jubilación mínima es de $270.000 con los bonos pagados por el Gobierno nacional incluidos y la Canasta Básica para que una familia no caiga por debajo de la línea de pobreza se encuentra por encima de los $800.000.
Este proceso histórico de desfasaje y de precariedad económica de los jubilados riojanos, se profundizó en los últimos meses con la espiral inflacionaria más alta en tres décadas y la devaluación de diciembre pasado del 118%.
Detrás de todos estos números se encuentra la también cruda realidad de los precarizados.
Aunque no existe una cifra precisa porque la clave es qué vínculo legal tienen con el Estado, las estimaciones oscilan entre 10.000 y 15.000 trabajadores que están “vinculados” con la Provincia bajo alguna forma de contrato, programa o beneficio social que implica una contraprestación laboral.
Esos empleados públicos pugnan desde hace años por ingresar al Estado. Hoy no tienen ni obra social, ni aportes patronales ni mucho menos la estabilidad laboral de un empleado de planta permanente.
En el comienzo de su primera gestión y también una vez reelecto en mayo del año pasado, el gobernador Ricardo Quintela se comprometió públicamente a que terminaría sus años en la “Casa de las Tejas” dejando a todos los precarizados en planta. La realidad es que su primera administración fue la que más empleados sumó al Estado desde 1995 y casi 10.000 trabajadores fueron incorporados la Provincia según la información oficial.
Sin embargo, también es cierto que no parece muy plausible en términos económicos pensar que esa solución definitiva llegue antes del 2027. Inclusive, el año pasado el propio Gobierno riojano emitió un decreto suspendiendo todos los pases a planta salvo los que fueran de urgencia en Salud y Seguridad.
Lo más grave de todo este conflicto es que el problema de las jubilaciones recién comienza.
En el año 2015 el Ministerio de Hacienda de la Provincia elaboró un informe interno que precisó en aquel momento 11.729 agentes de la planta estatal que llevaban al menos 20 años prestando servicio en la función pública.
Solamente por el peso del almanaque: en los próximos años la cantidad de trabajadores involucrados en esta problemática superará las 12.000 personas.
Al momento de jubilarse se toman en cuenta los últimos 120 sueldos de una persona, es decir los 10 años que trabajó antes de transformarse en pasivo. Esta determinación legal implica que ninguna solución real y de fondo puede surgir de manera mágica o en el corto plazo.
Al Gobierno lo asiste toda la razón legal en la decisión que tomó, pero sería un grave error creer que la discusión es jurídica: el problema es económico.
Esta semana lo expuso con crudeza el secretario general de SITRAPP, Carlos Laciar, quien dijo en «Riojavirtual Radio»: «El Gobierno tiene razón en lo legal de disponer las intimaciones. Pero hoy tememos sueldos que nos ponen por debajo de la línea de pobreza, con la jubilación directamente nos vamos a la indigencia, la gente se tiene que jubilar de una manera más honrosa, hace 20 años que no hay carrera administrativa, antes había un escalafón y había una antigüedad».
Tampoco se puede dejar de mencionar el escenario nacional en el cual llega este tema a la agenda mediática provincial.
El presidente Javier Milei –que fue votado por la mayoría de los empleados públicos provinciales- anunció esta semana que cumplirá con una de sus promesas de campaña y despedirá a 50 mil trabajadores del Estado nacional. La Nación propone achicar el gasto público cuando en La Rioja necesitamos ampliarlo.
Mientras tanto, el Ministerio de Industria de la Provincia confirmó que son más de 400 los despidos en las empresas industriales riojanas en los primeros cinco meses del año y la recesión golpea cada vez de manera más dura, especialmente al sector privado.
En la actualidad el Gobierno provincial llega con su “adicional quincenita” a cerca de 5.000 jubilados riojanos, que tienen la posibilidad de estar un poco por encima de la jubilación mínima con este aporte excepcional que realiza el Estado (pero que tampoco quedan por encima de la línea de pobreza).
Está claro que las medidas tomadas hasta ahora no alcanzan, porque años de aumentos de sueldos no remunerativos, de salarios muy por debajo del proceso inflacionario y de una pirámide salarial achatada provocaron que hoy lógicamente los estatales no se quieran jubilar.
Lo resuelto por el Gobierno se tenía que hacer porque miles de precarizados presionan para pasar a planta. Al mismo tiempo, la determinación que tomó el Gobierno tiene un claro costo político, porque en este contexto económico cualquier empleado de planta que sea obligado a jubilarse se enojará con la “Casa de las Tejas”.
En las últimas horas ya se vivieron en la Administración Pública varias situaciones de tensión con estatales en edad de jubilarse y que consultan a sus superiores sobre cuál será su futuro. Y allí surge un temor extra: la discrecionalidad.
Hay quienes lógicamente temen que haya privilegios para algunos, que por tener “contactos” logren evitar ser afectados por esta medida, mientras que otros sean obligados a dejar de ser activos.
Una decisión dolorosa e ineludible, pero que no puede aplicarse sin considerar que se está condenando a la penuria económica a miles de riojanos. No llegamos a este momento de casualidad, son años de estrategias erradas con la masa de los empleados públicos. Ahora se necesita una política de Estado de largo plazo para que no estemos solamente frente a un parche sino a una solución de fondo.