mayo 19 08:53 2024 Imprimir noticia
El caso de la jueza Abatte generó un escándalo nacional y al mismo tiempo abre la posibilidad de un debate sobre el Poder Judicial. La injerencia del poder político, la falta de compromiso de la sociedad civil, los problemas estructurales y la pregunta que expone el dilema de fondo: ¿Somos todos iguales ante la Ley?
En esa fría siesta de otoño riojano, el primer mensaje decía: “¿Tenés idea de qué hace TN en La Rioja?”. Luego de la respuesta con el sticker de ocasión, una hora más tarde desde el mismo celular el siguiente mensaje era todavía más enigmático: “Se viene una tarde muy larga”.
El miércoles una comerciante denunció que la jueza Norma Abate de Mazzucchelli le pidió dinero a cambio de acelerar las resoluciones en un proceso judicial sucesorio que se encontraba sometido a su jurisdicción. Previamente, la empresaria se había contactado con una ONG nacional y grabó a la magistrada en el momento de la solicitud. Luego, el programa de televisión “Telenoche” -de Canal 13 de CABA- presentó un informe con el testimonio de la denunciante y las imágenes recabadas mediante la cámara oculta.
Los sucesos de los días siguientes ocurrieron vertiginosamente.
El Tribunal Superior de Justicia suspendió a la jueza en sus funciones sin goce de haberes, la magistrada renunció a su cargo en la Función Judicial, el fiscal de la causa penal la imputó por la comisión de un posible delito, la Cámara de Diputados de la provincia rechazó la renuncia Abate y el Consejo de la Magistratura pidió iniciar el proceso del Jury de enjuiciamiento. Todo eso en menos de 48 horas.
El Gobierno reaccionó rápidamente ese mismo miércoles por la noche, con llamadas urgentes a los diputados provinciales peronistas para avanzar en un proceso de enjuiciamiento y destitución. Y en el mismo sentido, las instituciones del Poder Judicial se expresaron activando todos los mecanismos internos de control y juzgamiento.
Inclusive, el propio Ricardo Quintela expuso en sus redes sociales que este tema se vinculaba con su reclamo personal histórico de avanzar en discutir la legitimidad del Poder Judicial y la propuesta del oficialismo en la Convención constituyente de extender el principio republicano de periodicidad en los cargos judiciales y de someterlos a la voluntad popular.
Ante este hecho conmocionante y con pocos antecedentes similares en la historia de la democracia riojana, hay dos opciones: pensar que se trata de un caso aislado y cargar todas las tintas solamente en la jueza denunciada o profundizar en el análisis del sistema judicial y arriesgarnos a debatir y reflexionar sobre uno de los poderes del Estado provincial.
Ya sea que resulten elegidos por el voto popular, por el Consejo de la Magistratura o por los legisladores provinciales, los problemas de fondo de nuestra Justicia no se limitan a cómo elegimos los jueces.
Uno de los inconvenientes estructurales del Poder Judicial es su vinculación con el poder político. Y en ese sentido, hay varios hechos que exponen el trasfondo de la problemática.
Desde hace varias gestiones nos acostumbramos a funcionarios del Poder Ejecutivo que pasan sin escala a ser parte del Judicial. Si bien es cierto que los integrantes del Poder Judicial son seres humanos que como tales se ven alcanzados por ideas políticas, formaciones ideológicas y miradas subjetivas de la realidad, no resulta menos cierto que la vinculación político-partidaria que implica para ellos ser parte de una gestión de Gobierno, debería ser un condicionante para su designación casi automática en una magistratura.
Por otra parte, la mayoría de las veces los tiempos judiciales coinciden con los tiempos políticos.
En ese sentido, el gobernador Ricardo Quintela es un ejemplo palpable. Mientras fue intendente de la Capital, y oposición al Gobierno provincial de turno, los amparos que presentó reclamando por los recursos de la comuna “durmieron el sueño de los justos”. Y cuando el “Palacio municipal Juan Ramírez de Velasco” estuvo ocupado por Inés Brizuela y Doria ocurrió exactamente lo mismo pero con Quintela ahora en la “Casa de las Tejas”.
La celeridad con la cual actuaron los organismos judiciales ante el caso Abatte también expone al sistema. ¿Por qué ante otras denuncias mediáticas nadie actuó de oficio o con la misma velocidad que en este caso? Si se actúa con tanta celeridad en algunos casos y en otros no, se genera un problema, porque la discrecionalidad de la premura será siempre motivo de sospechas.
Por estas horas los grupos de whatsApp de los abogados estallan de mensajes y son la expresión de una lógica indignación colectiva.
Sin embargo, también es cierto que salvo algunas excepciones existe en el foro local una marcada apatía y falta de compromiso al momento de intentar cambiar las cosas. La crisis del Poder Judicial también es provocada por la comodidad de la inacción que asumen muchos profesionales del derecho, que en privado expresan su enojo pero que optan por el silencio público.
Tampoco se puede dejar de mencionar que el Poder Judicial tiene una carencia de estructura y de financiamiento.
La cantidad de juzgados y de jueces no tuvo la evolución que debería en relación con el crecimiento poblacional y la modificación de las modalidades delictivas que presenta la sociedad riojana hoy. El sistema judicial quedó atrasado y ese es un reclamo del Consejo de abogados que arrastra varias décadas.
Faltan más juzgados, más Cámaras, más personal, mejores sueldos, más capacitación y una mayor estructura tecnológica.
Ahora, tampoco debemos ser inocentes, esas carencias estructurales edilicias y de personal no implican que solamente con solucionarlas se garantizaría el servicio de Justicia.
En un sistema republicano de Gobierno uno de los conceptos centrales es la “Igualdad civil”. Es decir, que todos somos (o deberíamos ser) iguales ante la ley sin importar relaciones personales, vínculos políticos o ingresos económicos. Que nadie tenga prerrogativas o beneficios al momento de ser juzgado dice la Constitución Nacional.
La pregunta final de este texto es al mismo tiempo el problema principal del cual estamos hablando solapadamente desde la primera línea de este comentario político: ¿Somos todos iguales ante la ley?
Creo que los lectores conocen la respuesta a esa pregunta y mientras esa respuesta siga siendo una triste obviedad, el caso que esta semana nos conmocionó será solamente eso, un caso más, un “hecho consumado”. Los problemas de fondo exceden a una sola persona.