Anunciada la Convertibilidad, allá por marzo de 1991, la inflación en la Argentina demoró apenas un mes en alcanzar el dígito. Pasó del 27% en marzo, mes en el que además se decidió la eliminación de las retenciones al agro, al 5,5% en abril. Para agosto, cinco meses después, ya estaba en apenas 1,3% mensual. No había cepo y la economía había deglutido un fuerte paquete de normas desreguladoras. A diferencia de la Convertibilidad, el plan del presidente Javier Milei, que reconoció esta semana en Carlos Menem al “mejor presidente de la historia reciente argentina”, parece contener por ahora mucho más condimentos heterodoxos de los que su ideología libertaria admitiría. La dupla Menem–Cavallo aventaja por ahora a la de Milei–Caputo.
Después de un fuerte ajuste inicial, el equipo económico decidió poner en suspenso en mayo parte del sinceramento de precios que había habilitado a poco de iniciada la gestión. Primero, fue el caso de las empresas de medicina prepaga, a las cuales conminó a retrotraer aumentos mientras se desarrolla una investigación por presunta cartelización en el ámbito de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y, ahora, el de las empresas de gas y de electricidad, a quienes les acaba de suspender los incrementos que se habían estipulado para los meses de invierno. Las cámaras de uno y otro sector llevan semanas intentando reunirse con algún funcionario de peso del Gobierno para negociar. En ningún caso responden a los pedidos de audiencia. El gobierno libertario probó ser igual de duro en la negociación que el kirchnerismo.
Las prepagas recién tendrán la oportunidad de verse las caras con los representantes del Gobierno el lunes 27, aunque será en el ámbito de la Justicia y no del Ministerio de Economía. El juez en lo civil y comercial federal Juan Rafael Stinco citó a todas las partes involucradas a una audiencia. Tiene pendiente definir no sólo la legalidad de los aumentos, sino la forma en que se devolverían los pagos en caso de haber sido mal cobrados. En la Unión Argentina de la Salud (UAS) eligieron esta semana nuevo presidente: Hugo Magonza. El ejecutivo –el único de la cámara que aceptó asumir la responsabilidad– es la antítesis de su antecesor, Claudio Belocopitt, ya que viene de una organización sin fines de lucro, Cemic, y hasta ahora, tenía un bajísimo perfil. Todo sea para intentar recuperar un canal de diálogo con el Gobierno, aunque podría no ser suficiente.
El mundo de las prepagas cuenta las horas hasta el 27. Belocopitt, que desde que el Gobierno lo acusara directamente de comandar la supuesta cartelización de la industria se corrió de la luz pública (ni siquiera fue a la asamblea en la que se eligió al nuevo presidente de la UAS), está por firmar con la familia De All la escisión de la empresa Medicus, a la cual había ingresado en enero pasado (aunque no tenía injerencia en la operación) con la compra del 50% del paquete accionario. En principio, la familia De All, accionista en otro 50%, se quedaría en forma exclusiva con el negocio de la prepaga, que hoy tiene unos 300.000 afiliados, mientras que el empresario dueño de Swiss Medical se quedará con la propiedad de los sanatorios Las Lomas.
En la industria energética los ánimos están tanto o más revolucionados. Pese a que el Gobierno intentó subrayar a lo largo de estos días que casi un tercio de las operadoras había decidido aceptar el pago con bonos –y una quita del 50%– de la deuda que el Gobierno acumuló entre diciembre y enero con las empresas generadoras de electricidad, la realidad es que la mayoría de las grandes insiste en su negativa. Son los casos de MSU, AES, Central Puerto, Tecpetrol o CGC (Compañía General de Combustibles), la empresa de Eduardo Eurnekian. Se entiende en parte por qué el empresario aeroportuario broméo a la salida del Hotel Alvear, tras el evento del Cicyp, “que el Presidente se ponga la bolas y dirija el país”, dijo sin pruritos (aunque en la Argentina actual ya las formas, o la ausencia de las mismas, dejaron de ser una sorpresa). Eurnekian podrá haberlo cobijado por años a Milei, pero los negocios son negocios.
No habrá inversiones solo porque el Presidente las arengue. En el exterior se sigue de cerca la situación de la Ley Bases en el Senado con la misma tensión con la que se aguardan señales de salida del cepo cambiario. Para el éxito de la convertibilidad, la sanción del paquete de desregulaciones fue casi tan relevante como el tener un presidente convencido con el modelo, como lo era Carlos Menem. Nadie duda del convencimiento de Milei en este caso (“Debo ser el ministro con más apoyo de las últimas décadas”, se sinceró Luis Caputo esta semana en LN+), pero su capacidad de establecer reformas de fondo por la vía legislativa todavía está en veremos.
Así y todo, la estabilidad que logró el Gobierno en materia cambiaria está empezando a habilitar que algunas compañías internacionales que hace tiempo estaban deseando desinvertir desempolven sus planes de salida. Recién ahora están las condiciones para ponerles precio a algunos activos. Tras la compra por parte de Galicia del HSBC, y del Itaú por parte del Macro, otro grupo financiero nacional empezó a sondear la posibilidad de avanzar en al compra de un importante banco europeo, con buena capilaridad en todo el país. El negocio financiero en la Argentina se vuelve cada vez más un negocio de escala. “O comes o te comen”, ilustra un banquero. Aunque es muy probable que en la Argentina se transforme en una industria casi exclusivamente de players nacionales; otra diferencia con lo que sucedió en los 90 en el apogeo de la convertibilidad, cuando entraron a jugar entidades como Itaú, ING, BNL, Santander o BBVA, que se sumaron a los extranjeros que llevaban años en el país, como Citi, Boston o Lloyds.
Poco a poco en el sistema comienzan a pensar en un negocio en un contexto de normalidad. Por eso, tras el boom de demanda de créditos hipotecarios de las últimas semanas, los bancos, a través de las cámaras que los nuclean, comenzaron a trabajar en un proyecto de ley para presentar ante los legisladores para reformular el negocio de préstamos para la vivienda. La idea es devolverles a los tomadores de créditos cierto beneficio impositivo –la posibilidad de descontar de Ganancias parte de los intereses que se paguen en las cuotas–, habilitar la posibilidad de que puedan ser bimonetarios (elegibles tanto en pesos como en dólares), especificar la figura de los co-deudores (un familiar podría ser incluso co deudor por un tiempo limitado, no por toda la duración del préstamo), y además establecer las pautas para el desarrollo de un mercado secundario (securitización) de hipotecas, que les permita a las entidades fondear nuevos créditos. “Hoy es muy poco el capital destinado a créditos hipotecarios”, admitió el CEO de un banco líder.
Pero el panorama financiero, aunque luce mucho más atractivo que en diciembre pasado, todavía tiene por delante varias cuestiones claves por resolver. En el Gobierno, la cuestión del cepo es central. Ya está definido que se irá abriendo parcialmente con el foco puesto en agosto/septiembre. “No queda otra que abrir”, admiten. “Antes de fin de año, seguro. Si se consigue financiamiento se podrá acelerar. Depende también de que todo siga tranquilo y de que siga bajando el riesgo país; ahí hay más chances de conseguir fondos, que hoy está difícil”, explican. Saben que la recuperación económica depende en gran parte del levantamiento de los controles, también de la llegada de inversiones. Quienes recuerdan los tiempos de la convertibilidad, saben que los tiempos que da el mercado para ver resultados no son largos.
El ministro Luis Caputo adelantó que en abril, una vez más, el Gobierno logró tener superávit financiero que, acumulado en el año, suma el 0,2% del PBI. Caputo ya sabe que este mes repetirá la hazaña gracias a la ayuda extraordinaria del sistema financiero. Los bancos decidieron no adherirse al esquema de facilidades de pago de la AFIP y adelantar en mayo todas las cuotas de anticipo de Ganancias. Carne de primera para El León.
En el corto plazo, sin embargo, el Banco Central todavía debe conseguir que China le refinancie los casi US$4900 millones (vencen US$2906 millones en junio y US$1938 millones en julio) del swap (préstamo) que se tomó durante la gestión del exministro Sergio Massa para el pago de importaciones. Pese a las gestiones, hasta ahora China no habría dado el visto bueno para avanzar. El vencimiento representa cerca del 30% de las reservas acumuladas por el BCRA a lo largo de la gestión Milei. Quienes participaron de la renegociación durante el gobierno de Alberto Fernández recuerdan que fue solo cuando el entonces presidente se reunió en el marco del G20, en Bali, con Xi Jingping, que los chinos le habilitaron a la Argentina una refinanciación de la deuda. “Habíamos adherido a la iniciativa de la Franja y la ruta, pedimos incorporamos a los BRIC, y así y todo solo la reunión presidencial lo destrabó”, apunta un protagonista de entonces. En el mercado hay quienes aseveran que el BCRA estaría haciéndose ya por las dudas de yuanes… Economía lo niega.