Un nuevo y lamentable fenómeno dejó en evidencia la ineficacia y precariedad del sistema penitenciario que tiene la Argentina. Mientras el gobierno porteño promueve el traslado de los detenidos y Nación y Provincia se desentienden de los mismos, en lo que va del 2024 ya fueron 19 los arrestados que lograron darse a la fuga tras permanecer en comisarias o alcaldías de la Ciudad de Buenos Aires esperando su resolución procesal.
El último caso resonante ocurrió en el barrio de Villa Urquiza, donde dos detenidos de la Comisaría 12-C desaparecieron durante la noche del domingo 14. Los policías se dieron cuenta que faltaban dos en el conteo de rutina que hacen al comenzar su jornada laboral. Al requisar el calabozo, observaron que uno de los barrotes de la ventana estaba limado, por lo que suponen que escaparon por allí. Cabe destacar que las comisarías de la Ciudad de Buenos Aires lindan con casas de familia o locales comerciales, por lo que una fuga por los techos o patios es viable.
Otra fuga que expuso la permeabilidad de estas seccionales fue la que ocurrió el 3 de marzo en la Comisaría Vecinal 15-B, ubicada en la calle Camargo al 600, de la cual se escaparon dos detenidos, quienes obligaron a un operativo policial de magnitud cinematográfica debido a los oficiales desplegados, patrulleros y hasta un helicóptero. La historia concluyó con los dos prófugos recapturados.
Mano blanda
A raíz de los hechos sucedidos, NOTICIAS intentó comunicarse con el Ministerio de Seguridad porteño dirigido por Waldo Wolff pero no obtuvo respuesta alguna. Quien sí habló, pero pidiendo no publicar su nombre, fue un oficial de cargo jerárquico de la Policía de Ciudad, quien expuso algunas razones por las cuales se ven superados en su accionar: “Nuestras comisarías están desbordadas de detenidos. Son lugares preparados para que el detenido esté unas pocas horas y no días o meses. En algunas hay hasta cuatro personas por celda. Se complica el aseo y la alimentación de los mismos. Qué podemos hacer uno o dos policías si veinte detenidos se amotinan o empiezan a golpearse, es imposible cuidarlos y encima quedamos expuestos”.
Los datos fríos dan una muestra de que las comisarías de la Ciudad de Buenos Aires están colapsadas. Y mientras Jorge Macri no llega a un acuerdo con el gobierno provincial de Axel Kicillof ni con Patricia Bullrich por el Servicio Penitenciario Bonaerense o Federal , los detenidos continúan dándose a la fuga, aprovechando una atención médica, una visita familiar o un forcejeo en el trayecto que separa la celda del baño. En la Ciudad hay 34 alcaldías y 70 comisarías con espacio para albergar a 1.041 detenidos. Sin embargo, este número al 31 de marzo, ascendió a la increíble cifra de 6563 detenidos -con un promedio de 80 capturados por día-, de los cuales un poco menos de la mitad, al tener causas pendientes o abiertas, quedan encerrados hasta obtener una sentencia que los lleve definitivamente a una cárcel o se resuelva vía probation o juicio abreviado.
Razones
Pablo Fernández Pereira, periodista de Canal 9 y abogado especializado en procesos penales, habló con NOTICIAS: “Los detenidos logran escaparse por la falta de empatía de Nación y Provincia de no llevarse a los detenidos que les corresponde por jurisdicción, un personal policial que, aunque se desdoble en su tarea, no está capacitado para contener a presos peligrosos, comisarías que no están preparadas para tener presos por semanas o meses y una tecnología rudimentaria y básica que hace, por ejemplo, que una tobillera electrónica no pueda ser monitoreada como corresponde. Encima la cantidad de detenidos crece a diario, por lo que terminan multiplicándose por semana, lo que hace que el movimiento de entrada y salida sea constante y facilite cualquier huida”.
Una de las posibles causas de la ola de fugas de presos en las comisarías de la Ciudad de Buenos aires es la interna entre el ministro de Seguridad porteño Waldo Wolff y su par del Gobierno nacional, Patricia Bullrich. La relación entre ellos está rota desde que Wolff le dio la espalda y se alistó en las filas de Horacio Rodríguez Larreta cuando este fue jefe del Gobierno porteño. Un rencor que se vio revelado en las diferentes acciones que realizaron sus respectivas fuerzas policiales en las pasadas movilizaciones frente al Congreso de la Nación por movimientos piqueteros, cuando las órdenes se contradecían.
Actualmente se evidencia en la nula sinergia que tienen para ver qué hacen con los detenidos en el área metropolitana. Mientras Ciudad le pide a Nación que se lleve al 90 por ciento de los detenidos que le corresponde por delitos cometidos de categoría federal, desde las oficinas de la ministra Bullrich hacen oídos sordos ante el reclamo. Una inacción que mantiene a detenidos hacinados en comisarías y alcaldías porteñas y a vecinos temerosos por posibles fugas en zonas aledañas a sus hogares.
Una de las fugas más temerarias del año sucedió el 31 de marzo en la Alcaidía N°1 Quinquies, situada en el barrio de San Telmo. Esa noche, 15 presos se rebelaron ante las autoridades presentes y nueve lograron huir. Y si bien tres fueron recapturados, de los otros seis aún hoy se desconoce su paradero. Quien generó la redada fue Adrián Roche, condenado a seis años de prisión, con 22 causas abiertas. Un detenido que debería estar en una prisión de máxima seguridad y no en una alcaldía común de barrio. Otro ítem que aborda Fernández Pereira es la burocracia de la Justicia argentina frente a la situación de los presos extranjeros: “Al día de hoy, son 917. Acelerando la expulsión de los extranjeros que delinquen en el país, en menos de una semana tendríamos casi mil detenidos menos. Pero en nuestro país el papelerío es mucho y la economía procesal, inexistente”.
Sin un sistema penitenciario propio, la Ciudad enfrenta una superpoblación carcelaria como nunca se vio. Y mientras aguardan la finalización del proyecto de construcción de un anexo del penal de Marcos Paz para derivar a sus detenidos transitorios, los ciudadanos son los que quedan expuestos ante la inacción política.
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