Italia, país en el que Gobierna la ultraderechista Giorgia Meloni, se enfrenta a partir de hoy a un insólito juicio en Padua. En él, los jueces deberán decidir si la madre no biológica de una unión de lesbianas tiene derecho a inscribirse en los registros civiles italianos como progenitora de sus hijos.
La situación involucra de momento a 37 niños nacidos a partir de 2017 y que figuraban como hijos de 33 parejas de mujeres hasta abril pasado. Fue entonces cuando el Ejecutivo de Meloni dio la orden a todos los delegados de Gobierno en las regiones de prohibir el registro de los nombres de los dos progenitores del mismo sexo en los certificados de nacimiento de los niños. Esta decisión ha desembocado en que algunos ayuntamientos también decidieran aplicar la regla de forma retroactiva.
Limbo legal
Sin embargo, las madres afectadas en Padua no se han rendido. Además de haber convocado una protesta en la ciudad todos los martes hasta Navidad, también han llevado el caso ante la justicia. El motivo es muy pragmático: sin el documento, las madres no inscritas no pueden hacer trámites tan sencillos como apuntar a los niños al colegio, llevarlos al pediatra, dejarles una herencia o disponer de su custodia en caso de muerte de su pareja.
El embrollo se debe también a que en Italia se aprobaron las uniones civiles en 2016, pero no se permite que, fuera del matrimonio o la adopción, estas parejas puedan tener legalmente hijos. Con ello, las parejas homosexuales que conciben a sus hijos con la reproducción asistida o la gestación subrogada se encuentran en un limbo legal.
Gestación subrogada
De hecho, las únicas excepciones han llegado de la voluntad de algunos ayuntamientos progresistas que, a partir de 2017, decidieron permitir la inscripción de ambos progenitores LGTBI para dar un amparo legal completo a estas familias (miles en todo el país, aunque el número exacto se desconoce). Un hecho que se vería anulado si el tribunal de Padua finalmente dictamina en contra del recurso presentado por las 33 parejas.
La polémica también es parte de una cruzada mayor de Meloni contra la gestación subrogada, convertida en los últimos meses en uno de sus caballos de batalla. Tanto es así que la decisión del Gobierno y de la Abogacía de Estado de restringir los derechos parentales de parejas gais se produjo precisamente después de que la líder del centroizquierdista Partido Democrático (PD) Elly Schlein se pronunciara a favor de los vientres de alquiler. De rebote, este apoyo ha terminado por afectar también a las parejas lesbianas.