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Chocolate Rigau no rompió el pacto de silencio: cómo sigue el escándalo por las tarjetas de la Legislatura

El puntero del PJ seguirá detenido, acusado de integrar una asociación ilícita. Se esperaba que colabore con la investigación, pero utilizó una estrategia distinta que llevó un poco de alivio al arco político bonaerense.

Carolina Villalba

10 de noviembre 2023, 18:37hs

«Chocolate» Rigau junto a Facundo Albini, supuesto jefe de la asociación ilícita, y militantes del Frente de Todos. (Foto: Instagram Facundo Albini)

Julio Segundo “Chocolate” Rigau decidió optar por el silencio. El acusado estuvo tan solo 20 minutos en los Tribunales Penales de La Plata. Entró con casco de protección, chalecos antibalas, esposado y custodiado por personal del Servicio Penitenciario.

Sentado frente a la fiscal Betina Lacki en una de las oficinas de la sede judicial de la capital provincial, se negó a declarar por la causa de los empleados fantasmas de La Legislatura bonaerense. Se esperaba que colabore con la investigación, pero utilizó una estrategia distinta que llevó un poco de alivio al arco político.

En materia procesal, el puntero del PJ no tiene nada más para recurrir. Concretamente, no hay un acto con el que se pueda sentirse agraviado como para tomar la determinación de presentar, de la mano de su defensa, una nueva apelación, ya que la fiscal le dio la opción de contar su versión y no lo hizo. Ahora deberá solicitar la prisión preventiva.

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La doctora Lacki le dejó en claro sus sospechas de que el militante del Frente Renovador integra una banda criminal que, por un acuerdo tácito o expreso, tenía una finalidad en común: hacerse del dinero del Estado por medio de contratos de los famosos “ñoquis”.

Este viernes se le amplió la imputación y ya no se lo investiga por “estafas reiteradas”, sino por “asociación ilícita”, un delito más grave que salpica directamente a los dueños de las tarjetas, pero también a Claudio y Facundo Albini. Todos ellos están imputados con la misma carátula, aunque el único detenido hasta el momento es Rigau. El propio juez de garantías, Guillermo Atencio, resolvió rechazar la eximición de prisión de todos los involucrados, por lo que podría ser inminente el pedido de arresto.

«Chocolate» Rigau junto al concejal Facundo Albini (Foto: FB @PartidoJusticialista).

Lo que la fiscalía espera es la decisión de la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal de La Plata, ya que la Sala III tiene en sus manos un recurso de apelación, donde la defensa pidió la nulidad de la causa. Después de que los camaristas Alejandro Villordo y Juan Benavides se excusaran de intervenir, se designaron otros jueces que integrarán el órgano judicial, por lo que tendrán que analizar la solicitud y resolver en los próximos días.

Además, todavía no se filtró la información que está dentro del celular del puntero del PJ, que fue analizado por un perito informático de la UFI 15. Los datos fueron puestos en una nube y quedaron a disposición de la Justicia. Lacki anticipó a TN que será crucial lo que “pueda o no encontrarse en este dispositivo”, ya que espera obtener más nombres de las personas que integran esta presunta asociación ilícita.

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Desde la defensa, integrada por los abogados Miguel Molina y Alfredo Gascón, aseguraron a este medio que no darán declaraciones al respecto, por pedido expreso de su cliente. La misma postura tuvieron los legisladores que integran la Cámara de Diputados, quienes no hablaron durante todo este tiempo y no se espera que lo hagan a futuro.

A partir de hoy, la representante del Ministerio Público Fiscal tiene un plazo de 6 arrep para juntar todas las pruebas suficientes para pedir el requerimiento de elevación a juicio. Ya que, con la indagatoria, se abrió la etapa más importante, la definitoria.

Qué va a pasar con los Albini y los dueños de las tarjetas

Los 48 dueños de las tarjetas ya declararon en la UFI N°2 de La Plata, pero en calidad de testigos. Tras la imputación, la fiscal podría solicitar una nueva audiencia. Ellos tienen la libertad de hacer lo que quieran con su testimonio anterior. Es decir, pueden optar por pedir que se tome sus dichos como parte de su indagatoria, negarse a declarar o romper el pacto de silencio.

El deseo de la querella y de la fiscalía, es decir, de la parte acusadora, es que alguno de ellos se convierta en un arrepentido. “Como tienen abogados distintos que se fueron presentando en las últimas horas, lo más probable es que cada uno use una estrategia distinta. Lo mejor que podría pasar es que alguno pida declarar bajo la Ley del Arrepentido, para que cuente cómo se manejaba la banda”, expresó Tomás Brandy, letrado de Poder Ciudadano.

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Esta figura le permite al imputado declararse culpable, aceptar que integra una asociación ilícita, pero colaborando con la Justicia. Esto significa que debe aportar nombres, datos relevantes y detalles de la actividad delictiva. Con esta Ley, el procesado va a tener una condena, pero la pena va a recibir una morigeración, es decir, que va a ser menor.

Lacki sabe que Rigau no actuó solo, pero tiene que encontrar elementos que permitan comprobarlo antes de pedir el juicio. También tiene que definir cuál fue el rol que cumplió dentro de la organización, quienes fueron sus jefes y sus lacayos.

Dos de los presuntos líderes de la banda ya están identificados. Testigos señalaron al concejal del Renovador, Facundo Albini, y su padre Claudio, como los que manejaban los hilos. La sospecha principal de la Justicia es que ambos cranearon una estructura dentro de la Legislatura bonaerense para obtener dinero del erario público. Con eso, financiarían la caja negra de la política y las campañas de las elecciones.

La lista de los empleados fantasmas a los que Chocolate les cobraba su sueldo. Estaban anotados en un cuaderno que fue secuestrado durante la detención del puntero. (Foto: TN)

La lista de los empleados fantasmas a los que Chocolate les cobraba su sueldo. Estaban anotados en un cuaderno que fue secuestrado durante la detención del puntero. (Foto: TN)

Según pudo saber TN, los oficios y carátulas laborales de todos los empleados fantasmas ya están en manos de la fiscalía, aunque un secretario judicial tuvo que ir personalmente hasta la Cámara de Diputados a pedir que se los entreguen, porque no estaban cumpliendo con la orden.

Con esos sumarios, Lacki pudo corroborar que muchos de los supuestos trabajadores cobraban entre 500 y 600 mil pesos por barrer o correr cajas en un galpón ubicado en la periferia de la ciudad de La Plata, un lugar que nada tiene que ver con la actividad de la Legislatura. Algunos iban 2 o 3 horas por semana. Otros ni siquiera se presentaban y hacían “homeoffice”.

La querella anticipó a TN que la semana que viene harán una reunión con el equipo de la Fundación Poder Ciudadano, para analizar si piden o no la detención de los dueños de las tarjetas, así como también de los políticos involucrados. Por el momento, aguardan expectantes que la Cámara de Apelaciones resuelva el pedido de nulidad para avanzar en ese sentido.

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