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Caso Mayra Mendoza: las empresas en Miami vinculadas a los ex funcionarios de Quilmes no estaban registradas en la AFIP

La justicia federal de Quilmes analiza dos extensos informes de la AFIP de Mercedes Marcó del Pont. Cada uno consta de más de 18.000 páginas y detalla la situación patrimonial de la intendente de Quilmes Mayra Mendoza, de ex funcionarios de su administración y de empresarios que figuran como proveedores del municipio. Según señalaron fuentes del caso, las empresas radicadas en Miami y presuntamente vinculadas con dos ex funcionarios de Quilmes que están bajo investigación en el marco de la estructura del presunto desvíos de 535 millones de pesos, nunca fueron declaradas ante el fisco.

La causa penal en la que está imputada Mendoza por posibles hechos de corrupción, investiga una estructura a través de la cual “fondos nacionales que se le entregaban al municipio de Quilmes se utilizaron para pagarle a cooperativas” que estarían vinculadas a ex funcionarios, a su vez, parte de un complejo entramado societario que también recibía fondos de la municipalidad.

La maniobra que busca desentrañar la justicia Federal -tanto en Quilmes como en Comodoro Py-, se habría desarrollado entre diciembre de 2020 y febrero de 2022.

Las firmas investigadas son la “Federación de Cooperativas de Trabajo 1ª De Mayo Ltda, Cooperativa de Trabajo La Estrella Ltda, Cooperativa de Trabajo Para El Futuro Ltda, Cooperativa de Trabajo Progreso Ltda, Cooperativa de Trabajo Hasta La Victoria Siempre Ltda, Cooperativa de Trabajo Ruben Rodríguez Ltda, Cooperativa de Trabajo Barrio Unido Ltda, Cooperativa de Trabajo La Unión De Azul Ltda y Cooperativa de Trabajo Imprenta 19 de Febrero Ltda”.

Sobre todas ellas, el juez de Quilmes Luis Armella pidió información al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES). Pese a que la documentación se requirió hace un mes, aún no hubo ninguna respuesta.

A la supuesta estructura delictiva bajo investigación, se le suman tres empresas radicadas en Miami. Según investigó el sitio web El Disenso, cuyas publicaciones dieron origen a las denuncias judiciales, el ex subsecretario de Hábitat de Quilmes Sebastián Raspa y el también ex funcionario municipal Martín Bordalejo inscribieron en Estados Unidos las empresas Raspa Investments LLC y Borda Investments LLC. Ambas fueron dadas de alta el día 5 de noviembre de 2020 en el registro de empresas de Miami.

Por esos mismos días, en Quilmes se abría el expediente que dio origen al primer contrato adjudicado a la cooperativa de trabajo La Estrella, por 8.954.865,44 pesos, para el cierre de malla de Ribera.

Esas empresas cierran el círculo de las sospechas: en la denuncia judicial se destacó que tres de aquellas cooperativas, vinculadas a ex funcionarios del municipio y a empresarios que a su vez son proveedores de la administración de Mayra Mendoza, habrían desviado parte de esos fondos a empresas radicadas en el exterior: en total, las cooperativas La Estrella, Unión Azul y Progreso recibieron del municipio de Quilmes un total de 535.265.793,58 pesos.

Al imputar a Mendoza y sus ex funcionarios, la fiscal de Quilmes Silvia Cavallo describió una “serie de maniobras desplegadas desde el municipio para desviar fondos públicos a través de cooperativas de trabajo, en beneficio de funcionarios públicos, con la utilización de sociedades constituidas en plataformas offshore a las cuales se derivaba el dinero desviado”.

Con los informes de la AFIP bajo análisis, lo primero que detectó la justicia federal es que esas firmas radicadas en el exterior “nunca fueron declaradas” en el país, explicaron fuentes judiciales a Clarín.

El dato además, es que las empresas offshore fueron desactivadas cuando tomó estado público el escándalo. Raspa Investments LLC dejó de funcionar el 6 de mayo: apenas días después de que El Disenso dio a conocer el caso de las cooperativas y el desvío de fondos. 

Esta offshore tiene entre sus integrantes a Martín Bordalejo, ex funcionario de la municipalidad (y socio de Raspa) y al empresario Alejandro Scozzari.

A su vez, Scozzari es dueño de un conjunto de compañías. Socio de Raspa y Martín Bordalejo en una empresa llamada JD Vitruvio, la cual tendría sede en la misma dirección que las cooperativas, constituyó una constructora a su nombre llamada The Wolf Building, la cual celebró diversos contratos con la Municipalidad de Quilmes desde mayo de 2020, por un total de 84.944.494 pesos. Casi 85 millones de pesos.

La otra offshore investigada, Borda Investments LLC, también fue creada el 11 de mayo de 2020, y comparte entre sus integrantes a Scozzari y a Bordalejo. También fue desactivada el 6 de mayo pasado.

Bajo la lupa también hay una tercera empresa, SCO Investments LLC, de la cual Bordalejo y Scozzari fueron agregados como managers, explica el expediente.

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