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Ley de Electromovilidad: podrían estirar más allá de 2041 el plazo para prohibir la venta de nafteros 0km

El lunes ingresó al Congreso el proyecto de ley “Promoción de la Movilidad Sustentable”, también conocido como “Ley de Electromovilidad”.

Elaborado desde el Ministerio de Desarrollo Productivo, plantea incentivos fiscales durante los próximos 20 años para quienes fabriquen vehículos de movilidad alternativa: eléctricos, híbridos o propulsados a celdas de hidrógeno. También plantea incentivos fiscales para la producción local de partes, incluidas la instalación de las (muy caras) fábricas de baterías de litio.

Como complemento de este proyecto, la cartera que encabeza Matías Kulfas también envió al Congreso otra iniciativa para el sector automotor: la ley Promoción de Inversiones, que prevé incentivos para las inversiones a corto plazo en vehículos convencionales.

Los dos proyectos fueron consensuados con las cámaras empresarias que tallan en el sector, la Asociación de Fabricantes de Automotores (ADEFA) y la Asociación de Fabricantes de Autocomponentes (AFAC).

El proyecto de Electromovilidad, además, fue presentado por el presidente Alberto Fernández ante el Consejo Económico y Social, donde hay representantes de distintas cámaras empresarias, sindicatos y universidades.

Si bien el proyecto de ley prevé la creación inmediata de una nueva agencia estatal (otra más) y la generación de fuertes incentivos tanto para las inversiones como para el consumo de los nuevos autos eléctricos, no fueron éstos los aspectos que hasta ahora levantaron polvareda.

La iniciativa es resistida desde las petroleras, que le objetan al Gobierno que le pone fecha de vencimiento a la venta de vehículos nafteros: la norma (al menos, antes de su debate parlamentario), propone que a partir de 2041 no se podrán vender vehículos cero kilómetro propulsados a combustibles fósiles.

Desde las petroleras argumentaron que poner una fecha de expiración para estos vehículos les hará cuesta arriba recuperar la inversión de miles de millones de dólares en nuevas refinerías destinadas a producir y vender combustible en el mercado interno.

Desde el Gobierno dieron a entender que la fecha límite del proyecto podría ser negociable en un plazo que vaya más allá de 2041, para evitar que se transforme en un escollo. Pero insistieron en que la norma debería tener una fecha de vencimiento concreta.

“Tiene que haber un plazo límite, para acelerar las inversiones de las automotrices en electromovilidad“, dijeron fuentes de Desarrollo Productivo.

Ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas. Foto Juano Tesone.

Agregaron: “Además, el proyecto no prohíbe la circulación de los vehículos a combustión, sólo que no sean vendidos nuevos vehículos de ese tipo. Hoy tenemos un parque automotor de 14,5 millones de vehículos en Argentina y seguramente habrá unos 20 millones de vehículos a combustión circulando en 2041. Todas esas unidades seguirán cargando combustibles convencionales durante muchos años. Pero en algún punto es necesario establecer un límite. Ellos (por las petroleras) lo saben”.

La iniciativa prevé que los compradores de vehículos eléctricos, tanto particulares como empresas transportistas, sean recompensados por parte del Estado, de dos maneras. Una sería la desgravación impositiva del vehículo a la hora de computarlo en Bienes Personales. Y otra sería un “bono verde”: un subsidio directo del Estado, que pagaría una parte de la compra de cada unidad.

Actualmente la importación de vehículos “sustentables” está bonificada por el lado de los aranceles: las unidades extra Mercosur, en vez de pagar un arancel de 35%, tributan 5% en el caso de los vehículos híbridos, 2% los de motor eléctrico y cero arancel los usan celdas de hidrógeno como combustible.

Por el momento se trata de un beneficio puntual, vigente hasta 2023, y que durante el año pasado generó ventas por menos de 6.000 unidades (contra 400,000 patentamientos totales), de los cuales 99% fueron vehículos híbridos y menos de 70 unidades fueron autos eléctricos. 

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